RAFAELA NOTICIAS en Tribunales. El juicio oral por la causa Spaggiari continúa avanzando con las declaraciones de ahorristas que entregaron sus ahorros al grupo investigado por presuntas estafas. En las jornadas sigue siendo importante la presencia de damnificados provenientes de Sunchales, con historias de inversiones en dólares, intereses que inicialmente se pagaban con regularidad y compromisos de devolución que finalmente no se cumplieron.
Al reiniciarse las audiencias luego del feriado del lunes pasado y comenzar el segundo mes del debate, uno de los momentos más tensos estuvo protagonizado por el abogado defensor Gustavo Abraham. El letrado anticipó que promoverá una investigación por falso testimonio contra uno de los testigos de Sunchales, quien durante su declaración negó haber sido contador de los integrantes del grupo Spaggiari. Abraham sostuvo que esa afirmación era falsa y planteó que debía investigarse la posible comisión de ese delito.
El defensor también señaló que ya son cuatro los testigos respecto de los cuales pidió que se investigue la posible comisión de falso testimonio durante el desarrollo del debate.

Otro aspecto a destacar de lo que viene ocurriendo en el jucio está relacionado con la presencia de los imputados en la sala. Tanto la madre de los hermanos Spaggiari, Mirta Ofelia Condotto, como la sobrina de la familia, Carolina Rocío Schaberger, decidieron no continuar permaneciendo en las audiencias. Se trata de una facultad que tienen las personas sometidas a juicio oral: pueden optar por no estar presentes durante el desarrollo de las declaraciones, sin que esa decisión implique una renuncia a su derecho de defensa ni afecte la continuidad del proceso.
Mientras tanto, el tribunal siguió escuchando a personas que confiaron sus ahorros a la operatoria investigada. Dos nuevos relatos volvieron a mostrar las consecuencias económicas y personales que tuvo la interrupción de los pagos.

Un empresario de Sunchales perdió dólares que había reservado para una intervención

Uno de los testimonios correspondió a un empresario de Sunchales que había realizado inversiones tanto en representación de una firma dedicada a fabricar productos para la higiene de tambos como a título personal.
Según explicó ante el tribunal, el capital original alcanzó los 10.000 dólares: 6.000 correspondían a dos convenios de la empresa y otros 4.000 a sus ahorros particulares, distribuidos en dos contratos de 1.000 y 3.000 dólares.
El hombre contó que llegó a la financiera a través de un conocido que le comentó sobre la posibilidad de colocar dinero para obtener intereses. A partir de ese contacto viajó a Rafaela para conocer el funcionamiento de la operatoria y fue recibido por uno de los hermanos Spaggiari.
Durante ese primer encuentro le explicaron la modalidad de inversión, completó la documentación y entregó el dinero en efectivo. Una de sus principales inquietudes era conocer de dónde provenían los fondos que permitían sostener los rendimientos.
Según recordó, le mencionaron actividades vinculadas al negocio inmobiliario y una fábrica de ladrillos como respaldo de la operatoria.
«Queríamos saber de dónde salía el dinero o dónde estaba la máquina», explicó al recordar las consultas que había realizado antes de decidirse.
El empresario señaló que esas explicaciones le habían generado confianza y que los intereses ofrecidos no le habían parecido desproporcionados en comparación con otras propuestas que conocía.
Durante los primeros meses, los pagos se realizaron con regularidad. Los intereses se retiraban en las oficinas de la firma, con una periodicidad mensual o bimestral. En ocasiones concurría personalmente y en otras lo hacía quien entonces era su socio comercial.
De acuerdo con la documentación repasada durante el interrogatorio, las primeras inversiones empresariales se habían concretado en marzo y abril de 2021, por 3.000 dólares cada una. En el plano personal también había firmado dos convenios en esas fechas, por 1.000 y 3.000 dólares, que posteriormente renovó durante 2022.
El último pago que recordó, según la denuncia que había presentado en Sunchales, fue el 14 de octubre de 2022, cuando recibió 200 dólares en concepto de intereses.
Cuando comenzaron los atrasos, intentaron obtener explicaciones. En una oportunidad fueron derivados a otra oficina, donde una empleada les manifestó que estaban demorados, pero que los pagos se iban a realizar. Sin embargo, cuando regresaron posteriormente encontraron las instalaciones cerradas, con presencia policial y un guardia privado.
El testigo también recordó que tiempo después recibió un llamado de un abogado que habría representado al grupo y que les planteó la posibilidad de alcanzar algún tipo de acuerdo, aunque no pudo precisar sus términos.

El dinero tenía un destino personal

Al explicar las consecuencias de lo ocurrido, diferenció el impacto que tuvo la pérdida para la empresa y para su economía particular.
Mientras que para la actividad comercial consideró que el perjuicio había sido moderado, en lo personal la situación fue mucho más complicada. Había colocado parte de sus ahorros con la intención de disponer de ese dinero para afrontar una intervención que tenía prevista.
«No es que yo había puesto dinero para irme de vacaciones o algo, sino que era para una intervención que debía realizar», explicó.
Finalmente pudo concretarla, aunque tuvo que recurrir a otros recursos para afrontar el gasto.

Invirtió 10.000 dólares y tampoco pudo cobrar un acuerdo de devolución

Otro de los testimonios correspondió a un jubilado y exempleado de una empresa de Sunchales, donde trabajó durante 34 años.
El hombre contó que llegó a la propuesta de inversión a través de un conocido de esa ciudad, quien le explicó que podía entregar pesos o dólares y obtener una rentabilidad mensual del 3% si optaba por la moneda estadounidense.
La explicación que recibió fue que el dinero se destinaba a actividades vinculadas con la construcción, la venta de terrenos y el desarrollo de departamentos.
Su primera inversión se concretó entre junio y julio de 2021, cuando entregó 10.000 dólares. Para avanzar, viajó a Rafaela y se presentó en una oficina, donde fue atendido por la madre de uno de los integrantes del grupo. Allí entregó el dinero y firmó un contrato.
A partir de entonces comenzó a cobrar los intereses acordados. Según relató, los pagos se realizaban mensualmente y, en algunas oportunidades, el intermediario se acercaba hasta Sunchales para entregárselos. En otras ocasiones, el propio inversor viajaba a Rosario y los retiraba, previa coordinación por WhatsApp con una de las secretarias.
Esa modalidad se mantuvo durante aproximadamente un año y algunos meses, hasta que alrededor de septiembre de 2022 dejó de recibir los pagos.
En octubre de ese año, ante la falta de respuestas, participó de una reunión en Rosario junto con otros damnificados. Según recordó, estuvieron presentes los hermanos Spaggiari y alrededor de 15 inversores. Allí les tomaron los datos personales y números telefónicos, aunque posteriormente no recibieron una respuesta concreta.
El testigo reconoció que el rendimiento prometido le había generado cierta desconfianza desde el comienzo, porque consideraba que una tasa del 3% mensual en dólares era demasiado elevada. Sin embargo, la actividad empresarial e inmobiliaria que le habían presentado le había transmitido una imagen de seriedad.

Un compromiso por 9.000 dólares que nunca se cumplió

Después de la interrupción de los pagos, el damnificado contó que hubo distintas gestiones para intentar recuperar el dinero, con un acuerdo de reconocimiento y refinanciación de deuda con intervención del abogado de la empresa.
Ese convenio, que estimó firmado en mayo de 2023, establecía la devolución de 9.000 dólares. La diferencia respecto de los 10.000 dólares originalmente entregados respondía, según explicó, a descuentos vinculados con costos y honorarios. Sin embargo, ese compromiso tampoco se cumplió.
Consultado por la defensa sobre las condiciones del acuerdo, no pudo precisar la fecha exacta de vencimiento, aunque reconoció que podía contemplar un plazo hasta mayo de 2024 y otros 60 días para iniciar acciones judiciales ante un eventual incumplimiento.
También aclaró que su primera presentación ante las autoridades no necesariamente había sido una denuncia penal, sino una exposición de lo ocurrido ante la Defensoría del Pueblo.
Al referirse a las consecuencias personales, explicó que el dinero perdido correspondía a ahorros acumulados durante muchos años y que lo sucedido le provocó amargura y descontento.