La problemática de la vivienda es muy seria en Rafaela y en todo el país. Sólo en nuestra ciudad hay 7 mil familias inscriptas en los registros de aspirantes a contar con vivienda o lote propio, y según la última encuesta permanente de hogares, un 28% de los rafaelinos consultados viven en un inmueble alquilado.
A nivel nacional, la ley de alquieres vigente es relativamente reciente. Data de junio de 2020 y fue sancionada por el Concgreso previas consultas con sectores referentes de inquilinos, propietarios, colegios de profesionales y otras partes interesadas. Más aún, de la aprobación participaron todos los partidos con representación en el Congreso: en Diputados hubo 190 votos a favor y ninguno en contra. A priori, parecía llegar para solucionar los principales problemas del sector, pero los efectos reales es que la ley no favoreció ni a unos ni a otros, y lo que logró fue que se retiraran propiedades del mercado,
Ahora, con "el diario del lunes", como se dice popularmente, se procura avanzar en un nuevo ordenamiento legal. Con el motivo prinicpal de abodar esa problemática presentàndola a la prensa, estuvieron en Rafaela en la mañana de este martes los senadores nacionales Carolina Losada y Dionisio Scarpín, así como el diputado nacional Mario Barletta. Fueron presentados en la ocasión por el concejal Leonardo Viotti, quien tomó la representación del resto de los ediles de Juntos por el Cambio presentes en la reunión: Germán Bottero, Alejandra Sagardoy y Ceferino Mondino.
Losada fue la que tomó la palabra para defender la necesidad de derogar la actual ley y desarrollar un nuevo proyecto. "La ley actual nació con las mejores intenciones y en el primer momento, desde mi rol de periodista que tenía en ese momento, cuando hablábamos con los inquilinos nos decían que podía ser buena la ley. Luego no lo fue. Entonces hay que cambiarla, está claro", apuntó.
Por su parte, Barletta indicó que "era una buena ley. Lo que pasa es que por ignorar al mercado se perjudicó a la gente y eso es propio del populismo. Ahora nuestro proyecto plantea la flexibilidad lógica que surge de la situación del país: no se puede esperar a un año para actualizar los montos, hay que pensar en seis meses. El ajuste del precio debe ser por acuerdo entre las partes. En Santa Fe, por ejemplo, los estudiantes que van a la Facultad en cualquiera de las universidades, no alquilan por tres años".
Según los legisladores de JxC, "el oficialismo está evitando que se trate el tema, aunque hay tres despachos listos para debatir, insistiendo en la necesidad de debatir lo que pasa con el problema habitacional en la Argentina, donde hay 8 millones de personas que necesitan alquilar. Esto se debería resolver muy rápidamente teniendo en cuenta los aspectos que señalamos, como los períodos de alquiler, la forma de actualizarlos y los mecanismos de vinculación entre inquilinos y propietarios".
Por su parte, Scarpín consideró que la ley vigente "es una mala intervención del Estado. Las inversiones fueron desalentadas, y se perjudica a los inquilinos porque hay poca oferta. Hay menos casas y departamentos en el mercado, pero lo principal es que no hay políticas de vivienda del Estado nacional y de los Estados provinciales".