Durante los alegatos del juicio por las presuntas estafas del grupo Spaggiari, el fiscal Guillermo Loyola utilizó la imagen de una “rueda” para explicar ante el tribunal cómo, según la acusación, funcionó durante años el mecanismo de captación de ahorros. La Fiscalía sostuvo que el dinero de los nuevos ahorristas permitía afrontar los intereses prometidos a quienes habían ingresado anteriormente.
Para Loyola, no se trató simplemente de un negocio que salió mal. El fiscal sostuvo que detrás de los convenios que firmaban los ahorristas existía un esquema Ponzi, en el que el sistema necesitaba incorporar permanentemente nuevos aportantes para poder mantenerse.
La acusación situó el funcionamiento de la operatoria entre 2019 y 2022. Según explicó Loyola, cientos de personas de Rafaela y localidades de la región entregaron pesos, dólares y euros en una oficina céntrica, atraídas por la promesa de obtener importantes rendimientos.
Los ahorristas se retiraban con convenios firmados que, de acuerdo con la Fiscalía, podían contemplar intereses de hasta 3% mensual en dólares, equivalentes a un rendimiento anual del 36%.

“Esto no fue un negocio que salió mal: esto fue una rueda”

Loyola planteó que la estructura se sostenía a partir de la incorporación permanente de nuevos ahorristas. “El dinero de las víctimas iba a un fondo de inversión en negro, entraba en una caja común que servía para pagar los intereses entre los que habían entrado antes”, explicó durante su alegato.
El mecanismo generaba además un efecto de confianza. Quienes recibían sus intereses podían recomendar la operatoria a familiares, amigos o conocidos y así llegaban nuevos inversores.
Para el fiscal, esa dinámica tenía un límite inevitable: la rueda necesitaba seguir incorporando personas para poder continuar girando. “Solo sobrevive si cada semana alguien nuevo va entrando a esta rueda”, sostuvo. Cuando dejaron de ingresar nuevos ahorristas, afirmó, la estructura comenzó a colapsar.
La Fiscalía ubicó el corte de los pagos entre octubre y noviembre de 2022. Sin embargo, uno de los puntos que destacó Loyola fue que, aun cuando los pagos ya comenzaban a interrumpirse, se habrían continuado firmando convenios y recibiendo dinero.
Según los números expuestos en el alegato, se contabilizaron alrededor de mil convenios, mientras que la acusación comprendió 558 hechos de estafa, con un perjuicio estimado en más de 8 millones de dólares, 235 millones de pesos y 11.500 euros.

Empresas, oficinas y una estructura para generar confianza

Para Loyola, la rueda no podía funcionar únicamente con la promesa de intereses. Necesitaba una estructura que transmitiera seguridad a quienes entregaban sus ahorros. En ese sentido, señaló la utilización de empresas, oficinas, publicidad, folletos, páginas web, emprendimientos y obras que eran mostradas a los potenciales inversores.
La Fiscalía sostuvo que todo ese contexto contribuía a generar la apariencia de que el dinero era destinado a actividades genuinas, como desarrollos inmobiliarios, una fábrica de ladrillos o emprendimientos vinculados con aberturas y automóviles. También mencionó el peso del apellido y el boca a boca como elementos que contribuían a fortalecer la confianza.

Loyola vinculó esa operatoria con las advertencias que realiza la Comisión Nacional de Valores sobre las características de los esquemas fraudulentos. Entre ellas mencionó la promesa de ganancias extraordinarias, la presentación de una inversión como de bajo riesgo y la existencia de una oportunidad que, en realidad, no era genuina. Según la acusación, los convenios que firmaban los ahorristas tampoco reflejaban la verdadera naturaleza económica de la operación.

Los roles dentro de la “rueda”

Otro de los puntos centrales del alegato fiscal fue la distribución de funciones. Loyola sostuvo que Fernando Luis Spaggiari y Matías Germán Spaggiari eran los jefes y organizadores de la estructura. Según la acusación, eran los únicos socios y administradores de las empresas utilizadas y quienes decidían cómo se pactaban y firmaban los convenios.
La Fiscalía ubicó a Mirta Ofelia Condotto, madre de los hermanos Spaggiari, en tareas vinculadas con la recepción, conteo, guarda y registro informal del dinero.
En tanto, Carolina Rocío Schaberger, sobrina de los Spaggiari y nieta de Condotto, según el planteo fiscal, cumplía funciones vinculadas con los turnos, la entrega de intereses, la recepción de dinero y la captación de nuevos clientes. Loyola remarcó que cada integrante podía desarrollar distintas tareas y que la estructura no dependía de una sola función.
La Fiscalía pidió al tribunal que los hermanos Spaggiari fueran considerados responsables como jefes de la asociación ilícita y coautores de las estafas, mientras que ubicó a Condotto y Schaberger como integrantes o partícipes necesarios en los hechos en los que, según la acusación, intervinieron.

La diferencia entre una deuda y una estafa

Uno de los ejes jurídicos del alegato fue la respuesta anticipada a la defensa que, según Loyola, plantearía que se trató de un problema civil o de préstamos que finalmente no pudieron ser devueltos.
El fiscal marcó una diferencia: una persona puede pedir dinero, desarrollar un negocio y luego quedar imposibilitada de devolverlo. Pero, según su hipótesis, otra situación ocurre cuando el engaño existe desde antes de que la víctima entregue el dinero.

El pedido de penas

Al cerrar su alegato, Loyola solicitó para Fernando Luis Spaggiari y Matías Germán Spaggiari 25 años de prisión efectiva para cada uno, además de las accesorias legales y costas. Para Mirta Ofelia Condotto, pidió 9 años de prisión efectiva. Respecto de Carolina Rocío Schaberger, la Fiscalía planteó una pena acorde con el grado de intervención que le atribuyó en los hechos y destacó sus circunstancias personales, entre ellas su edad al momento de los hechos, la falta de estudios terciarios o universitarios y su posición subordinada dentro de la estructura.
El fiscal también enumeró como agravantes la duración de la operatoria, la cantidad de hechos, el volumen del perjuicio económico y el impacto sobre ahorristas que, según sostuvo, en muchos casos habían entregado los ahorros de toda su vida. Como elementos atenuantes, señaló que los acusados no tenían antecedentes penales y que también fueron consideradas sus circunstancias personales.

Mosconi: “Era un puente de una mano única”

Al cierre de los alegatos de las acusaciones, el querellante Pablo Mosconi retomó la explicación desde otra imagen. En los convenios que firmaban los ahorristas aparecía, según señaló, el slogan “Un puente para tus sueños”.
Mosconi sostuvo que aquella frase podía terminar describiendo, paradójicamente, la operatoria que la querella buscaba demostrar. “Era un puente, sí, pero era un puente de una mano única”, planteó.

Según su explicación, el dinero de los ahorristas ingresaba a la organización y quedaba allí, sin llegar a convertirse en los proyectos que las víctimas pretendían concretar: viviendas, educación para sus hijos, operaciones familiares o necesidades vinculadas con sus ahorros.
El querellante también destacó que los convenios prometían rendimientos de entre 24% y 36% anual en dólares, frente a un rendimiento de alrededor del 1,75% anual para un plazo fijo en dólares en aquel momento. Para Mosconi, el interrogante central era qué actividad genuina podía generar durante años una rentabilidad de esas características.
También planteó otra pregunta que, según la querella, deberá responder el tribunal: por qué se continuó recibiendo dinero de nuevos ahorristas después de que comenzaron a dejar de pagarse los intereses de quienes ya habían ingresado.
Así, la querella coincidió con el eje central planteado por Loyola, aunque eligió otra imagen para explicarlo. Para la Fiscalía, se trataba de una rueda que necesitaba nuevos ahorristas para seguir girando. Para Mosconi, era un puente de una sola mano, por el que los ahorros entraban pero, según la acusación, no podían volver hacia quienes los habían confiado.