Un hogar geriátrico habilitado de Rafaela presentó una nota ante el Concejo Municipal luego de que se conociera el proyecto del Municipio para flexibilizar la normativa que regula las residencias para personas mayores. Pidió participar de la discusión, reclamó una reducción del 50% en una tasa municipal y advirtió sobre una posible desigualdad entre los establecimientos que cumplen con las exigencias y aquellos que actualmente funcionan sin habilitación.
La presentación fue realizada por María del Milagro Santana, directora del Hogar Geriátrico "Luz Milagro", quien se presentó ante el Concejo como parte interesada en el proceso de revisión de la ordenanza de habilitación y funcionamiento de los hogares para personas mayores.
La nota ingresó luego de que RAFAELA NOTICIAS diera a conocer las declaraciones del coordinador de Salud de la Municipalidad, Daniel Marfortt, quien había adelantado que el Ejecutivo trabaja en un programa destinado a acompañar a las residencias de adultos mayores y que se analiza flexibilizar algunos requisitos, principalmente de carácter edilicio.
Según había explicado Marfortt, actualmente existen 21 hogares registrados y el Municipio estima que podría haber entre cuatro y cinco veces más establecimientos funcionando sin habilitación. La intención oficial es censarlos, visitarlos y acompañarlos para que puedan regularizar su situación.

Reclaman participar de la discusión

En su presentación, Santana destacó que su establecimiento se encuentra habilitado tanto a nivel municipal como provincial y que cumple con las exigencias establecidas por las ordenanzas vigentes, además de afrontar los costos vinculados con seguros, personal, equipamiento, videovigilancia y tasas municipales.
Por ese motivo, solicitó que los hogares que ya se encuentran regularizados sean incorporados formalmente al proceso de elaboración y discusión de la nueva normativa.
El pedido apunta a que una eventual flexibilización de los requisitos no termine generando una desventaja para quienes realizaron inversiones para cumplir con las exigencias actuales.
En ese sentido, la presentación plantea que cualquier modificación de la normativa debería preservar los estándares de calidad, seguridad y control sanitario que actualmente deben cumplir los establecimientos habilitados.

Piden una reducción del 50% en las tasas

Uno de los principales pedidos económicos formulados ante el Concejo es una reducción del 50% del Derecho de Registro e Inspección, o de la tasa municipal equivalente, para los hogares habilitados.
El planteo se mantendría hasta que se concrete la incorporación al sistema formal y tributario de los establecimientos que actualmente funcionan sin habilitación.
La directora del geriátrico sostiene que los hogares regularizados afrontan actualmente la totalidad de los costos derivados del cumplimiento de las exigencias municipales, mientras que los establecimientos informales no asumirían esas mismas cargas.
Por ese motivo, considera que una reforma que flexibilice los requisitos debería estar acompañada por un proceso efectivo de fiscalización y regularización de los hogares que hoy permanecen fuera del sistema formal.

También solicitan beneficios por las inversiones realizadas

Otro de los pedidos apunta a que la nueva ordenanza contemple algún mecanismo de compensación para los hogares que ya realizaron inversiones para cumplir con exigencias que eventualmente podrían dejar de ser obligatorias.
La presentación propone una bonificación o crédito fiscal sobre el Derecho de Registro e Inspección u otras tasas municipales, en proporción a las inversiones realizadas.
Entre ellas menciona específicamente los sistemas de videovigilancia incorporados a partir de las exigencias establecidas por la normativa municipal.
La solicitud busca evitar que quienes invirtieron para cumplir con las reglas vigentes queden en una situación desfavorable frente a quienes ingresen al sistema bajo requisitos más flexibles.

Una categoría de "habilitación ampliada"

El escrito también propone crear dentro de la nueva ordenanza una categoría voluntaria de "habilitación ampliada" para aquellos establecimientos que mantengan o incorporen estándares superiores a los mínimos exigidos.
La propuesta contempla que esos hogares puedan ser identificados públicamente y eventualmente considerados de manera prioritaria para convenios, subsidios o derivaciones que puedan gestionar el Municipio, la Provincia, PAMI u obras sociales.
La idea es generar una diferenciación entre el piso mínimo de requisitos y aquellos establecimientos que decidan sostener mayores niveles de infraestructura, tecnología o personal.

Reclaman por el cobro de residuos

La presentación incluye además un pedido específico relacionado con los residuos generados por los residentes.
Santana solicita que se deje sin efecto el cobro diferenciado o "por peso" que, según plantea, se aplicaría sobre los pañales y otros residuos generados por las personas alojadas en el hogar.
Considera que se trata de residuos vinculados directamente con la condición de dependencia de los adultos mayores y solicita que, en caso de existir una norma específica que establezca ese cobro, el Municipio informe cuál es la disposición que lo regula.

Advierten que podrían impugnar una eventual nueva norma

La directora del establecimiento dejó además expresamente asentada una reserva de impugnación.
En la presentación señala que, si finalmente se sanciona una ordenanza que reduzca los controles de habilitación y funcionamiento sin garantizar estándares equivalentes de protección para las personas mayores, o que profundice la diferencia entre establecimientos habilitados e informales, se reserva el derecho de recurrir a las vías administrativas y judiciales correspondientes.
La presentación también advierte sobre las consecuencias que podría tener una modificación normativa que afecte la continuidad de los establecimientos que actualmente cumplen con las exigencias.
El planteo queda ahora incorporado a la discusión sobre la futura modificación de la ordenanza de hogares para personas mayores, en un escenario en el que el Municipio busca facilitar la regularización de las residencias que actualmente funcionan sin habilitación, pero en el que los establecimientos formalizados reclaman que ese proceso no termine perjudicándolos.