que Tiempo Argentino tuvo acceso, revela el preocupante estado de situación en todo el país de los expedientes en que se investigan violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado. El trabajo surgió como consecuencia del encuentro que mantuvieron los representantes de la red de letrados con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, el pasado 15 de julio.
El primer paso para resolver la compleja situación lo deben dar ahora la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura.

Con la expectativa de agilizar los juicios, el documento analiza la problemática de cada jurisdicción del país y brinda propuestas para resolverla. Fue presentado a Lorenzetti con la intención de que se tratase el 24 de agosto pasado en la primera reunión de la Comisión Interpoderes. Los diez problemas centrales que se plantearon en el informe son:
1) Las serias y recurrentes dificultades para conformar muchos de los Tribunales Orales y Cámaras Federales de todo el país lo que produce demoras significativas en el inicio de causas elevadas.
2) La reiteración de juicios a personas ya condenadas.
3) La falta de personal en los juzgados. Se solicitó dotar de más trabajadores a muchas de las secretarías de Derechos Humanos de los juzgados federales de Instrucción para agilizar los procesos.
4) Las pocas audiencias semanales: hay juicios que se realizan al ritmo de una sola audiencia por semana. Se pidió aumentar la frecuencia.
5) La falta de salas para realizar los debates en algunas jurisdicciones, como en Jujuy. Se requirieron salas especiales.
6) Los problemas con las subrogancias de jueces de Instrucción.
7) El colapso de muchas secretarías de Derechos Humanos de los Juzgados de Instrucción producto de la multiplicidad de competencias a las que están abocadas, ya que no sólo trabajan delitos de lesa humanidad. Tienen que dedicarse en algunos casos a delitos como la trata de personas.
8) La fragmentación de las causas en la Instrucción, lo que origina elevaciones de pequeños tramos con pocas víctimas y pocos imputados. Se evidencia la falta de una política de agrupamiento de casos.
9) Las dificultades a la hora de evaluar la salud psicofísica de los imputados o procesados. Se requirió la conformación de  equipos periciales propios del Ministerio Público Fiscal y de las Secretarias de Derechos  Humanos.
10) Algunos juzgados de Instrucción deben realizar tareas en numerosos centros clandestinos, lo que implica un abundante trabajo que demora el avance de los procesos. El caso del juzgado Federal Nº 3 de la Capital Federal, a cargo de Daniel Rafecas, es un claro ejemplo: allí se instruye la megacausa “I Cuerpo de Ejército” que analiza al menos 50 centros de tortura y exterminio.
Algunas jurisdicciones paradigmáticas
- Mendoza: aquí se evidencia el problema de los represores prófugos. “Es quizás la jurisdicción que más rebeldes tiene”, se afirmó en el informe. “Una de las razones radica en que el juez de instrucción demora o rechaza las imputaciones y una vez que estas se llevan a cabo —ya sea por el paso del tiempo o por orden de la Cámara— algunos de los imputados se fugan”, se indicó.
-Capital Federal: para darle mayor celeridad a los juicios se propuso desafectar de expedientes comunes a los Tribunales Orales de esta jurisdicción abocados a causas de lesa humanidad, para que se dediquen exclusivamente a los casos de violaciones a los Derechos Humanos. Otra opción que se aconsejó es la  “integraciones ad-hoc” de esos mismos tribunales.
-Bahía Blanca: “Los principales problemas surgidos en esta jurisdicción se relacionan con los integrantes del Poder Judicial actualmente bajo investigación por parte del Consejo de la Magistratura”, se especificó en el informe. El caso emblemático es el de Néstor Montezanti, presidente de la Cámara Federal local, sobre quien pesa también una denuncia penal. A él se suman: el secretario Ulpiano Martínez y los camaristas Pablo Candisano Mera y Ricardo Planes. ¿La razón de los cuestionamientos? “La resistencia por parte de los integrantes del Poder Judicial de avanzar en la investigación de los responsables civiles, cómplices del terrorismo de Estado”, consignó el documento. El ejemplo paradigmático es el caso de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia.
-San Martín: la situación del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín es alarmante. La jurisdicción de juicio oral está colapsada. Posee una sola jueza titular, Marta Milloc, y dos subrogancias. Esto derivó en que desde diciembre pasado sólo se inició un juicio, el 18 de agosto, cuando existen 16 causas elevadas.
Para descomprimir el caos de la jurisdicción, los abogados plantearon que el Consejo de la Magistratura conforme un tribunal ad-hoc para las causas de lesa humanidad. También se solicitó realizar al menos tres audiencias por semana. La situación en los juzgados de Instrucción de San Martín no es muy diferente: hay elevaciones fragmentadas y el personal no da a basto.
-Jujuy: el Tribunal Oral Federal de este distrito tuvo sus tres vocalías vacantes hasta finales del año pasado cuando se nombraron dos jueces titulares: María Alejandra Cataldi y Mario Héctor Juárez Almaraz. Este último magistrado se excusa en los juicios donde querella Inés Peña, presidenta de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Jujuy, quien lo impugnó ante la Comisión de Acuerdos del Senado por sus antecedentes. Aún está vacante el vacío que dejó la jubilación del juez Vicente Casas.
Según se afirma en el informe, en el cuarto juicio de lesa humanidad local el tribunal tiene previsto realizar audiencias sólo un día a la semana. La Fiscalía y las querellas plantearon que esa cifra se triplique. A esto se agrega la falta de una sala para desarrollar el proceso. En Instrucción se solicitó la designación de un juez con urgencia. En el Juzgado Federal Nº 1 no instruye causas de lesa humanidad porque su titular, Mariano Cardozo, se excusó por su pasado: fue fiscal durante el terrorismo de Estado; el Juzgado Federal Nº 2 está a cargo del subrogante Fernando Poviña, quien concursa para llegar a la Cámara Federal de Casación. También se pidió creación “de una nueva Secretaría de Derechos Humanos” para el mentado juzgado.
La conformación de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, con jurisdicción en Jujuy, también es un problema: el juez Rabbi Baldi Cabanillas se excusó de participar en algunas causas tras ser recusado por querellantes; Jorge Villada se encuentra de licencia y está siendo remplazado por Miguel Medina. A ellos se suma el mentado Cardozo, inhibido en todas las causas de lesa. Por esto, se propuso la conformación de una Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Jujuy. O modificar la integración del tribunal salteño
Entre las diversas soluciones que propuso el colectivo de abogados se destaca una nueva acordada de la Cámara de Casación y la creación de una comisión para evaluar la posibilidad de elaborar un proyecto de ley que permita la aceleración de los juicios. El primer paso para resolver la compleja situación lo deben dar ahora la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura