"Viven pidiéndonos que combatamos la informalidad y la competencia desleal. Pero cuando aplicamos las reglamentaciones y aparece alguien que no cumple con las disposiciones vigentes, nos piden que hagamos la vista gorda y aceleremos los trámites para facilitar la creación de puestos de trabajo y las inversiones. ¿En qué quedamos?". La reflexión se escuchó en el Concejo Municipal esta semana y nadie le pondrá voz oficial a ese pensamiento. en un momento de campaña electoral. Pero viene de ediles que no están en las filas del oficialismo.
¿Por qué hay concejales que en voz baja están dejando trascender su malestar con la central empresaria? Porque la interminable saga de acontecimeientos que viene generando la postergación de la habilitación del crematorio construido en un predio de la zona rural ubicado en la intersección de RP 70 y Variante Rafaela generó un reclamo explícito del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región .
La nota, dirigida al presidente del Concejo, Germán Bottero, plantea que "más allá de los aspectos específicos vinculados al caso, entendemos que, ante proyectos de inversión que implican la generación de puestos de trabajos, es clave que las diferentes instancias públicas garanticen un proceso ágil y exento de cualquier cuestión ajena a lo estrictamente técnico".
"Somos conscientes de la necesidad de garantizar que los inversores que impulsan este proyecto cumplan con toda la normativa vigente relacionada a la actividaden cuestión. No obstante, creemos que es necesario que se agoten las instancias de diálogoy análisis entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Municipal, de manera tal que la empresa se ponga en marcha en un lapso de tiempo razonable, teniendo en cuenta que hace ya varios meses que se viene gestionando su habilitación en diferentes áreas administrativas", dice la nota en su parte final.
Marco regulatorio y habilitaciones
Para los concejales -y en esto no hay diferencias políticas de fondo- y para el Ejecutivo Municipal hay algo en claro: Crematorio & Cochería Rafaela (CCR) construyó el crematorio y realizó la inversión sin cumplir con ningún requisito. No se oficializó nunca el permiso de construcción del edificio ni la ejecución de la instalación, no se gestionaron las autorizaciones ambientales pertinentes ni se "formalizó" la tramitación requerida para una actividad que no registra antecedentes en la ciudad. Eso argumentan en Moreno 8. ¿Fue por un exceso de confianza del inversor, porque alguien le dijo 'dale para adelante' y luego no cumplió su palabra, hubo algo más? El fiscal municipal, Daniel Fruttero, el miércoles le dijo a los concejales que el hecho de que la inversión esté realizada "no condicionará" las decisiones que se tomen respecto a la habiitación.
Lo que generó malestar en el Concejo es la interpretación de que la nota del CCIRR pone en el legislativo una parte importante de la responsabilidad de la no habilitación del crematorio. "Nosotros tenemos que sancionar una ordenanza que establezca un marco regulatorio. El Concejo no da habilitaciones, no está facultado para eso", repiten los ediles. Pero también cuestionan que el CCIRR presuma que hay "cuestiones ajenas a lo estrictamente técnico". Por lo bajo, o no tanto, también repiten que el inversor "no tiene vocación de diálogo" como la que sí le reclama el CCIRR a los poderes políticos de la ciudad. Brenda Vimo dijo en la reunión del miércoles que recibió "mensajes irreproducibles" sobre el tema. Lo de "irreproducible" sería por el tono insultante de esos mensajes, según deslizó la concejala.
La cuestión del crematorio no es la única que está tensando la relación del CCIRR con el poder político de la ciudad. Un duro documento de la central empresaria sobre el Camino Público 6 también despertó rencores que todavía no salieron a la superficie, pero que prometen más repercusiones.