La seguridad social es

la actividad humana que más dinero mueve en el mundo. Por ello es,

fue y seguirá siendo la joya más preciada del capitalismo

financiero, aquello por lo que los dueños del capital no escatimarán

esfuerzo alguno para quedarse con todo lo que puedan de esa inmensa

masa de dinero. Esta situación ha provocado que organismos

internacionales como el FMI, BM y la OCDE —curiosamente, ninguno de

ellos especializados en materia de seguridad social— sean los

impulsores principales de las llamadas “reformas estructurales en

materia de pensiones” [1].

Cada vez que se discute

la deuda pública, el debate lleva a tratar el ajuste a aplicar al

sistema previsional. En cada visita de los auditores del FMI se

discute la necesidad de  reducir el gasto en pensiones. En

nuestro país pululan los “analistas económicos” que siempre

hablan del desmesurado gasto social o de la insustentabilidad de

nuestro sistema previsional, enfatizando la necesidad de ajustarlo,

representando el triste papel de auténticos mercenarios del capital

financiero internacional. Quizás algún lector desprevenido pueda

pensar que las motivaciones de esta preocupación respecto del ajuste

y la reducción del gasto se vinculan con la necesidad de liberar

fondos para otras cuestiones, como requisito previo para generar

reactivación económica. Pero eso es erróneo. La prueba más

acabada de semejante error es que, mientras rigió en nuestro país

el mecanismo de capitalización individual, el gasto previsional tuvo

un pico récord, porque además del pago de las prestaciones los

ingresos del sistema se redujeron en una tercera parte, debiendo

hacerse cargo el Estado de esa diferencia. En solo nueve años las

AFJP se llevaron de las arcas del Estado 30.527,8 millones de

dólares. En ese tiempo, los que hoy hablan de insustentabilidad nos

explicaban lo bien que nos iría en el futuro, pero cuando ese futuro

llegó y mostró la debacle del esquema de capitalización

individual, se escondieron durante un tiempo para luego reaparecer

como si nada hubiera pasado.

En nuestro país,

alrededor del 22% de nuestro PBI lo insumen las prestaciones de la

seguridad social: jubilaciones y pensiones; pensiones no

contributivas; asignaciones familiares; asignación universal por

hijo; enfermedades laborales y riesgos del trabajo;  obras

sociales y otras políticas sociales.

De estas prestaciones,

las relacionadas con riesgos del trabajo se encuentran administradas

por compañías de capital financiero. A su vez, el sistema de obras

sociales se encuentra administrado por distintos gremios. El esquema

prestacional de salud, tanto en la Argentina como en el mundo entero,

sufre hoy una crisis importante producto de los elevadísimos costos

de los insumos relacionados con la salud, obligando a las Obras

Sociales a hacer malabares para poder sobrevivir. Uno de los

mecanismos que han encontrado muchas de ellas es subcontratar

empresas de medicina privada para dar respuesta a sus afiliados.

Las prestaciones

sociales, en particular la lucha contra el hambre y la pobreza

extrema, no forman parte del interés de ningún capital financiero,

así que de ellas se seguirá haciendo cargo el Estado.

En consecuencia, la

verdadera lucha está relacionada con los regímenes de prestaciones

dinerarias de jubilaciones y pensiones. Por lo tanto, esta es una

pelea por alrededor del 10% del PBI. Algunos países gastan un poco

más y otros un poco menos, pero en general los de mayores ingresos

son justamente los que más invierten y en consecuencia, los más

tentadores. Según el FMI, el PBI mundial en 2019 alcanzó los

87.265.226 millones de dólares. La pelea esta dada para definir

quién administra 8.726.522,6 millones de dólares.

Chile al podio

Sobre lo que significa

esta lucha contamos con varios ejemplos. Quizás el mas emblemático

sea el caso de Chile. Es sabido que el país transandino fue el

primer país en el que el capital financiero logró adueñarse de los

fondos de pensión. Lo hizo de la mano del hermano del actual

Presidente chileno, en plena dictadura del general Pinochet.

Fue exhibido por el

mundo como el milagro chileno y el ejemplo a seguir por los países

en vías de desarrollo. La OCDE incorporó a Chile a sus filas a

pesar del bajo monto de su PBI, como premio a semejante logro. Ese

hecho motivó que el resto de las políticas de protección social en

Chile fueran también privatizadas: la salud y la educación, entre

ellas. Esas decisiones significaron una concentración del ingreso en

pocas manos y un crecimiento desmedido de la desigualdad, llevando a

Chile al podio de los países mas desiguales de la tierra.

Pero lo más curioso es

que el resultado de la privatización del sistema previsional llevó

a Chile a pagar un tasa de sustitución –la relación entre lo que

cobra un trabajador en actividad y lo que percibe como jubilación–

de entre el 22% y el 30%. Tan bajo guarismo motivó que el Estado

tuviera que instaurar una prestación no contributiva complementaria

para aquellos cuyo haber fuera demasiado bajo, y con el correr del

tiempo el costo de esa prestación insumió un 4,96% del PBI. Para

que entendamos que significa esto: en la Argentina el sistema de

seguridad social recibe financiamiento impositivo del orden del 3,92%

del PBI, producto de la disminución de las contribuciones patronales

implementadas por Cavallo en su momento y mantenidas hasta la fecha.

Téngase en cuenta que si estas contribuciones no se hubieran

disminuido, los aportes y contribuciones sobre la nómina laboral

serían suficientes para afrontar el pago de las prestaciones.

Por ello, la enorme

crisis social que vive nuestro hermano país tiene su origen en  la

guerra feroz que impone el mercado financiero para quedarse con los

ahorros de los trabajadores. Esta misma lucha se da en Colombia,

donde una alianza de derecha que gobierna el país hace unos cuantos

años copió el modelo chileno y privatizó todo lo que se les puso

al frente. Allí también la crisis social es inconmensurable y

también se ha transformado en una enorme crisis institucional.

Otro caso emblemático

es el de México, país que también privatizó su sistema

previsional al más crudo estilo chileno, motivando un desinterés en

los trabajadores por participar en el sistema y provocando un

deterioro en el nivel de cobertura previsional de los adultos mayores

con una tasa de sustitución inferior aún a la chilena. Actualmente,

el gobierno progresista de López Obrador se debate de manera

desesperada por salir de esta trampa, pero las presiones son de tal

magnitud que aun no han encontrado la forma de romper el huevo de la

serpiente que los acosa.

También Europa

Europa no es ajena a

esta lucha encarnizada. Europa del este vive la misma pesadilla de

nuestros hermanos latinoamericanos, pero dentro de los países mas

avanzados el caso más impactante es el de Francia, por lo que este

país representa en el concierto de naciones. El Presidente Macron

impuso una serie de reformas al sistema previsional que hicieron

arder Paris. Hace meses que las organizaciones de la sociedad civil

enfrentan al gobierno, que insiste en no revertir la decisión. Esto

llevó a registrar meses de huelgas, quejas sociales, movilizaciones

permanentes y recurrentes que han hecho perder popularidad al

Presidente, dejando un final todavía abierto y de resultado

impredecible. España, a su vez, viene padeciendo una fuerte presión

por parte de la Unión Europea por ser el país que paga la

jubilación máxima más alta, aproximadamente 2.683 euros mensuales.

Quedan todavía en

lista de espera unos cuantos países donde los regímenes de

jubilaciones y pensiones se encuentran fuertemente tensionados y por

eso algo ocurrirá, como Perú, los países de Centroamérica y hasta

Estados Unidos de Norte América y Canadá.

Nuestro país es un

caso atípico en el concierto de naciones. Es el único que volvió

de un régimen de capitalización a un esquema de reparto solidario

que alcanzó, durante la administración kirchnerista,  no solo

el nivel más alto de cobertura de toda su historia, sino que además

contaba con reservas técnicas en el FGS equivalentes a una vez y

media el gasto previsional; estos excedentes operativos se

incrementaban año a año, contribuyendo con la jubilación mínima

más alta de Latinoamérica. Pero llegó el neoliberalismo y destruyó

la mayoría de aquellos logros. Hoy la Argentina se encuentra en el

séptimo lugar respecto del nivel de ingresos por jubilación en

América Latina, y con la mitad de las reservas técnicas.

Nuestro país

representa un “mal ejemplo” para los organismos internacionales y

sobre todo para la asociación internacional de fondos de pensión,

que temen que ante el fracaso de la capitalización algunos países

quieran intentar la solución argentina. Por ello creo que los

enemigos de afuera y los de adentro van a hacer lo imposible para

implosionar el sistema previsional argentino. Una alianza entre la

Justicia, los grandes medios de comunicación, el capital financiero

y los organismos internacionales puede hacerlo volar por los aires.

Para aquellos que creen que la emergencia previsional vigente es un

antídoto a cualquier intento, les digo que no es así. Con la

emergencia no alcanza.

Por ello creo que el

gobierno nacional, popular y democrático que supimos conseguir tiene

que ser extremadamente cauteloso y no tomar medidas que dejen flancos

abiertos que puedan ser usados como bandera por los inescrupulosos de

siempre. En la guerra de las pensiones en que estamos inmersos, la

Argentina es la pieza más preciada.

No podemos dejar de

considerar que la derecha siempre tiene un plan.

Tenemos que estar

preparados.