En el marco de una investigación por transporte de estupefacientes, la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela del Ministerio Público Fiscal de la Nación, encabezada por el Fiscal Federal Gustavo Onel, obtuvo la condena de Franco Gabriel Hamakers, oriundo de la provincia de Tucumán, tras la homologación judicial de un acuerdo pleno.

La audiencia se llevó a cabo ante el Juez Federal de Garantías Aurelio Cuello Murúa, con la participación del Fiscal Coadyuvante Federico Grimm. El imputado fue representado por su abogado privado.

Según informó la Fiscalía, el imputado fue condenado a la pena de 4 años de prisión efectiva por transportar más de dos kilogramos de marihuana en un colectivo de larga distancia de la empresa Flecha Bus, en el que viajaba desde San Miguel de Tucumán hacia la ciudad de La Plata. La droga fue hallada dentro de un bolso de mano ubicado debajo de su asiento durante un procedimiento realizado el 5 de febrero de 2026.

El operativo fue realizado por personal de la Sección Seguridad Vial “CERES” dependiente del Escuadrón de Seguridad Vial “RAFAELA” de Gendarmería Nacional Argentina en un control vehicular de rutina.

De acuerdo con la investigación, los efectivos advirtieron inconsistencias en la ubicación del pasajero dentro del colectivo sumado a que no contaba con su documentación, momento en el cual, detectaron un fuerte olor compatible con marihuana proveniente de un bolso negro que mantenía debajo de sus pies. Tras una requisa autorizada judicialmente, se hallaron dos paquetes rectangulares que contenían un total de 2,137 kilogramos de cannabis sativa los cuales estaban cubiertos por un trapo con aceite de motor, intentando disimular su olor.

Además de la droga, personal de la fuerza actuante secuestró un teléfono celular, 18 mil pesos en efectivo, restos de marihuana y tres semillas de cannabis que se encontraban dentro de una mochila perteneciente al condenado.

La causa concluyó con un acuerdo pleno homologado judicialmente, mediante el cual Hamakers fue condenado a cuatro años de prisión efectiva. Además, se ordenó la destrucción del estupefaciente secuestrado y se le impuso el pago de una multa de 45 unidades fijas, junto con las accesorias legales y costas del proceso.

El caso pone el foco en el trabajo coordinado entre el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas federales para investigar y sancionar las maniobras delictivas utilizadas para el traslado de estupefacientes