Por Julio Armando
RAFAELA NOTICIAS EN TRIBUNALES. Natacha Elizabeth Meyer, conocida como “La Gringa”, y Maximiliano Sebastián Mongón, alias “El Gordo”, continuarán detenidos al menos por los próximos 60 días luego de que el juez Gustavo Bumaguín dictara este lunes la prisión preventiva para ambos, tras la audiencia de medidas cautelares realizada en tribunales.
La pareja había sido arrestada el jueves pasado cuando personal policial los interceptó dentro de un Chevrolet Corsa estacionado en la intersección de Martín Oliver y Azcuénaga, frente a la plaza del barrio Amancay. Durante el procedimiento los agentes secuestraron una pistola Bersa calibre 380 con un proyectil en la recámara y trece cartuchos en el cargador, además de municiones de otros calibres y dos dosis de cocaína que totalizaban poco más de 20 gramos.
El sábado, la fiscal Analía Abreu les imputó los delitos de portación indebida de arma de fuego de uso civil y tenencia simple de estupefacientes. Pero el eje central de la audiencia de este lunes estuvo puesto en determinar si Mongón tenía o no conocimiento del arma y la droga que llevaba Meyer.
La estrategia de las defensas
Los imputados llegaron a la audiencia con defensas separadas y estrategias diferentes.
Meyer fue asistida por Bruno Rossini, del Ministerio Público de la Defensa, quien no discutió el hallazgo del arma ni de la droga, pero pidió medidas alternativas a la prisión preventiva. El defensor remarcó que la mujer no posee antecedentes penales, tiene a cargo una hija de 14 años, presenta problemas de salud vinculados a cuadros de presión alta emocional y además atraviesa consumos problemáticos que —sostuvo— “no deben criminalizarse”.
Rossini también destacó que durante el procedimiento la imputada colaboró en todo momento con la policía y sostuvo que no existían riesgos procesales concretos, ya que no habría peligro de fuga ni posibilidades de entorpecer la investigación debido a que los testigos del hecho son los propios policías intervinientes.
Con esos argumentos solicitó la libertad bajo reglas de conducta, como presentaciones periódicas en sede policial, o subsidiariamente prisión preventiva domiciliaria.
La defensa de Mongón, en cambio, apuntó directamente a despegarlo tanto del arma como de la cocaína. El abogado particular Federico Scarinci sostuvo que la pistola estaba en la cintura de Meyer y la droga dentro de su riñonera, por lo que —a criterio de la defensa— no estaba acreditado que el imputado conociera la existencia de esos elementos. “Mongón no tenía disponibilidad sobre el arma ni sobre la droga”, argumentó Scarinci, quien insistió en que la situación hubiera sido distinta si los elementos secuestrados hubiesen estado en algún sector común del vehículo, como la guantera.
Para el defensor, la riñonera era un elemento de uso estrictamente personal de Meyer y por lo tanto no podía presumirse automáticamente que Mongón supiera lo que ella llevaba encima. Además, remarcó que el acusado tiene trabajo, arraigo familiar y contención de su entorno, lo que —según sostuvo— elimina riesgos de fuga.
La postura de la fiscalía
La fiscal Abreu rechazó ambos planteos y sostuvo que tanto Meyer como Mongón tienen el mismo grado de responsabilidad penal. Para la representante del Ministerio Público de la Acusación, el hecho de que ambos estuvieran dentro de un espacio reducido como el automóvil hacía que el arma estuviera al alcance inmediato de los dos ocupantes. Según expuso, “con solo estirar la mano” Mongón podía acceder a la pistola, por lo que consideró acreditada la disponibilidad compartida del arma de fuego. El mismo razonamiento utilizó respecto de la droga.
La fiscal además señaló que la relación de pareja entre ambos refuerza la hipótesis de conocimiento mutuo sobre el arma y los estupefacientes que llevaban consigo al momento del procedimiento. Abreu también puso el foco en la gravedad de la imputación por portación indebida de arma de fuego, cuya pena mínima prevista supera los tres años de prisión efectiva, circunstancia que —según indicó— incrementa los riesgos procesales.
A ello sumó el contexto de violencia armada y balaceras que atraviesa Rafaela en las últimas semanas. Si bien aclaró que la pareja no está vinculada hasta el momento con ninguno de esos hechos, utilizó ese escenario para justificar el procedimiento policial, que fue uno de los cuestionamientos de las defensas.
El debate por el procedimiento policial
Tanto Rossini como Scarinci cuestionaron la legalidad del accionar policial la noche de la detención y señalaron que la requisa al vehículo y a los ocupantes se realizó sin sospechas previas concretas, lo que —según afirmaron— afectó garantías constitucionales. Sin embargo, el juez Bumaguín descartó esos planteos y sostuvo que, en esta etapa inicial del proceso, el procedimiento “cumple con los requisitos de validez”. Y que las nulidades deberán ser planteadas en otra etapa, como el juicio oral.
El magistrado entendió que el operativo se dio en el marco de las saturaciones y controles preventivos que la policía viene desarrollando en distintos barrios de la ciudad debido a la seguidilla de balaceras registradas en los últimos días.
La prisiòn preventiva
Al resolver la situación procesal de ambos imputados, Bumaguín respaldó íntegramente la postura de la fiscalía. El juez consideró que el hecho de que el arma estuviera físicamente en poder de Meyer no excluye la responsabilidad de Mongón, ya que una simple maniobra le hubiese permitido acceder a ella de manera inmediata. Según sostuvo, el arma estaba “disponible” para ambos ocupantes del vehículo, al igual que la droga secuestrada.
Además, el magistrado entendió que existen elementos suficientes para sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, que Mongón trasladaba a Meyer “con pleno conocimiento” de que llevaba consigo el arma y los estupefacientes. “La responsabilidad penal probable se encuentra acreditada”, afirmó.
Bumaguín también señaló que la cantidad de cocaína secuestrada excedería lo que habitualmente se considera consumo estrictamente personal, y remarcó que la expectativa de una eventual condena de cumplimiento efectivo aumenta los riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio.
Respecto del pedido de Meyer para acceder a una prisión domiciliaria, el juez consideró que su hija ya es adolescente y puede desenvolverse por sus propios medios, por lo que no se encuadra dentro de los supuestos previstos legalmente para conceder ese beneficio. En cuanto a los problemas de salud alegados, entendió que pueden ser tratados dentro del sistema penitenciario.
Con esos fundamentos, resolvió dictar la prisión preventiva de ambos imputados por el plazo de 60 días. Cumplido ese período, la fiscal podrá solicitar una prórroga de la medida cautelar o, en caso contrario, ambos podrían recuperar la libertad mientras continúa la investigación.
