La investigación por el secuestro de 105 kilos de cocaína en un control de Gendarmería en Ceres que luego fueron quemados en Rafaela, sumó ahora un nuevo capítulo con la condena de dos mujeres que, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía Federal de Rafaela, tuvieron distintos niveles de participación en el traslado del cargamento.
La audiencia se realizó ante el Juez Federal de Rafaela, Santiago Joaquín Saux, quien homologó los acuerdos alcanzados entre las partes y condenó a Elia Iriarte Mendieta a 7 años de prisión de cumplimiento efectivo, más una multa de 45 unidades fijas, costas y accesorias legales.
En tanto, Patricia Elizabeth Ávila fue condenada a 3 años de prisión de ejecución condicional, también con una multa de 45 unidades fijas y costas.
Ambas fueron responsabilizadas por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo, aunque con distintos grados de responsabilidad: Iriarte Mendieta como coautora y Ávila como partícipe secundaria.
La acusación estuvo a cargo del Fiscal Federal Jorge Gustavo Onel, interinamente a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, con la intervención del Fiscal Federal coadyuvante Federico Grimm. Quienes no solamente ordenaron y participaron de la quema de la droga, sino que lograron reconstruir la trama detrás de la misma.
El procedimiento que permitió descubrir los 105 kilos
La investigación se inició el 30 de noviembre de 2025, cuando personal de la Sección Seguridad Vial Ceres, dependiente del Escuadrón de Seguridad Vial Rafaela de Gendarmería Nacional, realizaba un operativo de prevención sobre la Ruta Nacional 34.
En ese lugar fue detenida la marcha de una Jeep Grand Cherokee conducida por Jordan Brandon Mejía Bustamante. Según la acusación, inicialmente los agentes advirtieron un ruido en una de las ruedas y presumieron que podía tratarse de un desperfecto mecánico.
Durante el control, el conductor brindó distintas versiones sobre la procedencia de su viaje. Primero dijo que venía desde Córdoba, luego mencionó Termas de Río Hondo y finalmente indicó que había partido desde La Quiaca, en Jujuy, con destino a San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
Ante esas inconsistencias, se dispuso un control externo del vehículo con el can detector “Sasha”, que realizó una marcación compatible con la presencia de estupefacientes.
Con autorización judicial se realizó entonces una requisa del vehículo. En distintos compartimientos acondicionados fueron encontrados 100 paquetes que contenían 105 kilos con 911 gramos de clorhidrato de cocaína.
El análisis posterior determinó que la sustancia tenía una concentración promedio del 84,40% de pureza y que con ese material podían confeccionarse aproximadamente 893.888 dosis umbrales.
De acuerdo con la estimación incorporada a la acusación, el cargamento tenía un valor de mercado de $3.610.191.010,67, equivalente a unos 2.487.213,92 dólares, según el informe de ARCA.
Mejía Bustamante fue detenido en aquel procedimiento y quedó sometido a prisión preventiva.
La investigación avanzó y llegó a Elia Iriarte Mendieta
A partir del análisis de teléfonos celulares, movimientos de antenas, registros hoteleros, documentación y distintas operaciones vinculadas con la camioneta, los investigadores reconstruyeron cómo se había organizado el traslado.
Para la Fiscalía, Elia Iriarte Mendieta tuvo un rol central en la maniobra.
Según la acusación, aproximadamente un mes antes del transporte, la mujer se encargó de gestionar y financiar la compra de la Jeep Grand Cherokee que posteriormente quedó registrada a nombre de Mejía Bustamante.
La investigación estableció que Iriarte Mendieta tomó contacto con el vendedor del vehículo el 23 de octubre de 2025 y que posteriormente participó de la operación de compra. El 3 de noviembre, junto con Mejía Bustamante, concurrió al Registro de la Propiedad Automotor de Pilar, donde la camioneta fue inscripta a nombre del hombre que luego la utilizaría para transportar la droga.
La Fiscalía sostuvo que esa camioneta fue posteriormente acondicionada con compartimientos destinados a ocultar el cargamento.
Pero la participación de Iriarte Mendieta, según la acusación, no terminó con la compra del vehículo.
La “puntera” que acompañó el recorrido
Uno de los elementos centrales de la investigación fue el análisis de los desplazamientos de los teléfonos celulares.
La Fiscalía sostuvo que Iriarte Mendieta acompañó el recorrido de Mejía Bustamante durante el transporte de la cocaína, aunque lo hizo en otro vehículo: un Toyota Corolla de su propiedad.
El recorrido comenzó en el norte del país y atravesó distintas provincias hasta llegar a Ceres.
Los registros de antenas de los teléfonos utilizados por ambos mostraron desplazamientos coincidentes, con impactos que permitieron reconstruir trayectos similares.
Además, la investigación determinó que el 30 de noviembre, horas antes del procedimiento, Iriarte Mendieta se había alojado en un hotel de Pinto, Santiago del Estero, en una habitación contigua a la ocupada por Mejía Bustamante.
Para los fiscales, la mujer cumplía la función de “puntera” o guía, encargándose de direccionar el recorrido, advertir sobre la presencia de fuerzas de seguridad y procurar que el cargamento llegara a destino.
La acusación destacó además que utilizaba distintas líneas telefónicas para mantener contacto con Mejía Bustamante durante el viaje.
La detención en Ezeiza
La investigación continuó después del secuestro de la droga hasta lograr establecer la ubicación de Iriarte Mendieta.
La mujer fue detenida el 14 de abril de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando se disponía a viajar hacia Bolivia.
Durante el procedimiento se le secuestraron teléfonos celulares, una tablet, dinero en pesos argentinos y bolivianos y 33.000 dólares, suma que quedó a disposición de la Justicia Nacional en lo Penal Económico de Buenos Aires.
Para la Fiscalía, estos elementos también fueron considerados dentro del contexto de la investigación y de la posición que Iriarte Mendieta habría ocupado dentro de la maniobra.
Qué rol tuvo la expareja del transportista
La segunda condenada fue Patricia Elizabeth Ávila, quien al momento del transporte mantenía una relación de pareja con Mejía Bustamante.
A diferencia de Iriarte Mendieta, la Fiscalía no le atribuyó el dominio del hecho, sino una participación secundaria.
Según la acusación, Ávila realizó tareas de apoyo que no eran esenciales para concretar el transporte, pero que contribuyeron a su ejecución.
Uno de los elementos centrales fue que el 28 de noviembre de 2025, cuando comenzó el recorrido, cargó desde su cuenta de Mercado Pago $10.000 de saldo en cada una de las dos líneas telefónicas utilizadas por Iriarte Mendieta para cumplir el rol de guía.
También realizó una carga de otros $10.000 en la línea telefónica que utilizaba Mejía Bustamante durante el viaje.
La Fiscalía sostuvo que esas operaciones fueron realizadas a pedido de su pareja y que Ávila conocía el objetivo de las comunicaciones y el papel que desempeñaba Iriarte Mendieta.
Posteriormente, recibió un depósito de $150.000 realizado por Mejía Bustamante, que, de acuerdo con la acusación, correspondía al reintegro de las cargas y también quedó en beneficio personal de Ávila.
La investigación incluyó el análisis de las conversaciones recuperadas del teléfono de Mejía Bustamante, además de información de Mercado Pago y Banco Macro.
Una investigación que reconstruyó la preparación del transporte
Uno de los aspectos destacados por los fiscales fue que el operativo de Ceres no se trató de un traslado improvisado.
La acusación sostuvo que la maniobra comenzó a prepararse al menos un mes antes del transporte, con la búsqueda y adquisición del vehículo, su inscripción a nombre de Mejía Bustamante y el acondicionamiento de compartimientos para ocultar la droga.
También se reconstruyeron los movimientos de los involucrados mediante registros de antenas, pasajes aéreos, alojamientos, comunicaciones telefónicas y operaciones financieras.
En ese sentido, la Fiscalía sostuvo que Mejía Bustamante e Iriarte Mendieta actuaron como coautores, con un reparto de funciones, mientras que Ávila realizó aportes considerados secundarios.
La acusación también remarcó que la agravante de la intervención de tres o más personas organizadas no exige necesariamente la existencia de una organización criminal permanente, sino que alcanza a aquellos casos en los que varias personas coordinan sus acciones y distribuyen funciones para concretar un delito.
Las condenas
Con esos elementos, la Fiscalía Federal de Rafaela solicitó las penas que finalmente fueron homologadas por el juez Santiago Joaquín Saux.
Elia Iriarte Mendieta fue condenada a 7 años de prisión efectiva, más una multa de 45 unidades fijas, accesorias legales y costas, como coautora del transporte de estupefacientes agravado.
Por su parte, Patricia Elizabeth Ávila recibió una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, además de una multa de 45 unidades fijas y costas, como partícipe secundaria.
En el caso de Ávila, la condena quedó sujeta a reglas de conducta, entre ellas fijar residencia y someterse al control correspondiente, aceptar las citaciones judiciales y abstenerse de relacionarse con personas vinculadas al narcotráfico.
De esta manera, la investigación iniciada a partir del procedimiento que permitió secuestrar más de 105 kilos de cocaína en Ceres terminó permitiendo reconstruir una estructura con distintos niveles de participación y alcanzar a quienes, según la acusación, tuvieron un papel determinante en la preparación y ejecución del traslado.
