La Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 1 hizo lugar al recurso presentado por la exjueza comunal de faltas de Bella Italia, Lorena Rita Belmonte Baronetti, anuló la cesantía dispuesta por la Comuna en 2019 y ordenó su reincorporación al cargo, además del pago de salarios caídos e intereses.
La decisión judicial revoca las sanciones disciplinarias que habían derivado en su expulsión de la administración comunal tras un sumario interno que le atribuía diversas irregularidades en el desempeño de sus funciones.
Qué había motivado la cesantía
La Comuna de Bella Italia había dispuesto la cesantía de la funcionaria luego de una investigación administrativa en la que se le imputaron presuntas irregularidades vinculadas a expedientes de infracciones comunales, actas de tránsito sin tramitar, motovehículos secuestrados sin juzgamiento y supuestas anomalías relacionadas con firmas en actas de infracción.
Entre los cuestionamientos figuraba la existencia de 179 actas de infracciones que no habrían sido tramitadas ni juzgadas, así como expedientes vinculados a controles de tránsito y multas comunales. También se la relacionó con actas que contenían firmas presuntamente apócrifas del inspector comunal.
Los argumentos de la Cámara
Sin embargo, los jueces consideraron que el procedimiento disciplinario presentó irregularidades que afectaron el derecho de defensa de la entonces funcionaria.
Uno de los puntos centrales del fallo fue que una de las faltas utilizadas para justificar la cesantía —relacionada con supuestas inasistencias— nunca fue incorporada formalmente a la acusación durante el sumario, por lo que Belmonte Baronetti no tuvo posibilidad de defenderse sobre ese aspecto.
Además, la Cámara entendió que varias de las imputaciones carecían de suficiente sustento para atribuirle responsabilidad personal.
Respecto de las actas con firmas presuntamente falsas, el tribunal sostuvo que no se explicó adecuadamente cuál habría sido la conducta concreta atribuible a la entonces jueza comunal ni de qué manera esas irregularidades podían vincularse directamente con sus deberes funcionales. También observó que parte de la prueba utilizada podría haber dado lugar, eventualmente, a una acusación distinta, pero no a la que efectivamente se formuló en el sumario.
Las órdenes superiores, un punto clave
Otro aspecto valorado por los magistrados fue que la exfuncionaria había sostenido durante el proceso que algunas de las situaciones observadas respondían a instrucciones impartidas por autoridades superiores de la propia Comuna.
Según la sentencia, esa explicación fue respaldada por testimonios incorporados al expediente y no recibió una adecuada consideración por parte del instructor del sumario al momento de recomendar la sanción.
Reincorporación y pago de haberes
Como consecuencia, la Cámara declaró la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la Comuna había dispuesto la cesantía y rechazado posteriormente el recurso de reconsideración presentado por la trabajadora.
El fallo ordena la reincorporación de Belmonte Baronetti a su cargo y condena a la Comuna de Bella Italia a abonarle los salarios caídos correspondientes a un período de dos años, más intereses calculados desde agosto de 2019 hasta el efectivo pago.
Asimismo, las costas del proceso fueron impuestas a la Comuna.
Un fallo con impacto institucional
La resolución representa un duro revés para la administración comunal, ya que cuestiona aspectos centrales del sumario disciplinario que derivó en la expulsión de la funcionaria.
Además del eventual costo económico que implicará afrontar los salarios retroactivos, intereses y costas judiciales, la sentencia obliga a la Comuna a restituir en su cargo a una funcionaria cuya separación había sido justificada en presuntas faltas graves vinculadas al funcionamiento del Juzgado Comunal de Faltas.
La decisión aún puede ser objeto de nuevas instancias judiciales, pero por el momento constituye una victoria para la exjueza comunal y un fuerte llamado de atención sobre las garantías que deben respetarse en los procesos disciplinarios dentro de la administración pública.
La cuestión penal que sigue pendiente
Más allá de la resolución adoptada en el ámbito contencioso administrativo, las presuntas irregularidades detectadas en el funcionamiento del Juzgado Comunal de Faltas continúan siendo objeto de análisis en sede penal.
Según pudo saber RAFAELA NOTICIAS, en forma paralela se tramitan actuaciones ante el Ministerio Público de la Acusación a partir de una denuncia presentada para que se investiguen los hechos que dieron origen al sumario administrativo.
En ese expediente aún no existe una resolución definitiva, por lo que la eventual existencia de responsabilidades penales continúa bajo investigación.
En dichas actuaciones se encuentra constituida como querellante la propia Lorena Rita Belmonte Baronetti, quien es representada legalmente por el abogado Carlos Farías Demaldé.