Un insólito argumento defensivo no alcanzó para evitar que cinco personas terminen tras las rejas. Durante la mañana de este viernes, el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Javier Bottero, dictó la prisión preventiva para los cinco implicados en una causa por presunta comercialización de estupefacientes.
El núcleo del debate del que fue testigo de manera exclusiva Rafaela Noticias, giró en torno al destino de los 33 gramos de cocaína secuestrados a principios de semana por las fuerzas de seguridad. Mientras que el defensor particular, Carlos Farías Demaldé, intentó encuadrar el hallazgo como "consumo personal compartido", alegando que la droga estaba destinada al uso de los cinco mayores de edad durante el fin de semana, el magistrado sepultó la teoría con un cálculo matemático simple: la cantidad fraccionada equivaldría a unos 20 envoltorios diarios por persona, una cifra que consideró inverosímil.
Una trama de violencia y un búnker familiar
La caída de la presunta boca de expendio, ubicada sobre la calle Ghandi al 2500 ( en barrio 2 de Abril), estalló tras la denuncia de una vecina, madre de una menor de edad que mantenía una relación de pareja con uno de los imputados. La mujer expuso un supuesto calvario de situaciones de violencia de género y amenazas con armas de fuego perpetradas por el entorno del joven.
Con esos antecedentes, el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) irrumpió en la vivienda y encontraron 104 envoltorios con cocaína y dinero en efectivo que estaban en una cartuchera sobre una cama.
Para la fiscal del caso, María Cecilia Doro, la libre disponibilidad y la exposición de la sustancia en un espacio común demostraban una "custodia compartida" y un aceitado mecanismo de coautoría entre todos los adultos presentes en el inmueble.
Los hijos no son una "autorización para delinquir"
Uno de los argumentos de la fundamentación del juez Bottero para dictar su resolución ocurrió al evaluar la situación familiar de los detenidos. Ante el pedido de la defensa de otorgar medidas alternativas o prisiones domiciliarias bajo el argumento de que había niños pequeños a cargo, el magistrado fue tajante: "La tenencia de hijos no es una autorización para delinquir", sentenció.
El juez recordó que el espíritu de la ley al otorgar arrestos domiciliarios a las madres es, estrictamente, proteger el "interés superior del niño". Sin embargo, advirtió que en este caso se daba la paradoja inversa: eran los propios adultos quienes ponían en riesgo a los menores al tener la droga fraccionada en la misma vivienda donde ellos habitaban. Por tal motivo, dictaminó que los chicos estaban en peligro en ese hogar.
El miedo en los barrios calientes
Bottero también se tomó unos minutos para analizar la aparente "falta de testigos" que esgrimía la defensa como debilidad de la causa. El magistrado ensayó una lectura cruda sobre la realidad social de la periferia local, señalando que es completamente lógico que en un sector altamente conflictivo y atravesado por la violencia vinculada al narcomenudeo, los vecinos tengan terror de denunciar o de exponerse como testigos públicos.
Al cierre del acto penal, se dispuso la prisión preventiva obligatoria por el plazo de ley para Leonel Bracamonte, Maira Cejas, Pablo Loaiza, Walter Molina y Tiago Ramos. En paralelo, la Justicia ordenó la intervención de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia para garantizar el resguardo y la tutela de los menores de edad involucrados.
