Según el relato de la fiscal, Angela Capitanio, el 26 de enero el imputado tuvo un altercado con la hija de su vecina quien atendía un kisoco y luego de esto las amenazó a ella y a su hermana con un cuchillo. Las persiguió e ingresó a la vivienda en la cual las mujeres se habían refugiado. Dentro del lugar provocó algunos daños dando puntazos con el arma blanca en puertas y ventanas. 

Al día siguiente, cerca de las 9 de la mañana, el imputado arrojó piedras, ladrillos y partes de motocicletas hacia dicho kiosco. Luego ingresó al local generando más daños materiales y se apoderó de manera ilegítima de $800

Ese mismo día, el 27 de enero la joven se encontraba junto a su madre y a su pequeño hijo sentadas frente a su casa, cuando el acusado las apuntó con una escopeta diciéndoles que las iba a matar y que se iban a tener que ir del barrio. 

Finalmente, efectivos policiales realizaron una requisa en la vivienda del imputado y procedieron al secuestro del arma de fuego en cuestión. 

Los hechos fueron caratulados como, amenazas calificadas, violación de domicilio, daño, robo y tenencia indebida de arma de fuego. 

Además la fiscal explicó que el acusado fue detenido el 27 de enero cerca de las 13 horas y algunos minutos más tarde recuperó la libertad. Pero fue esa misma noche, cuando amenazó a las jóvenes con la escopeta motivo que le hace pensar que no tiene intensiones algunas de acatar órdenes de la justicia. Por último desde Fiscalía se aclaró que el imputado ya cuenta con un antecedente de prisión efectiva por un robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de complicidad secundaria. 

Por todos estos motivos, y sumando el resguardo de las víctimas, ya que viven en frente del imputado, se solicitó la prisión preventiva. 

Por su parte, Mónica Ronchi, abogada defensora, expresó que de los hechos sólo hay evidencias que provienen de las posibles víctimas, no hay otros testimonios, sólo denuncias de las damnificadas. 

Por último la defensa solicitó medidas alternativas a la prisión efectiva y propuso el pago de una fianza sumado a la prohibición de acercamiento a las víctimas. 

Luego de escuchar a ambas partes, el juez Alejadro Mognaschi decretó medidas alternativas, como la fijación de domicilio, la prohibición de acercamiento hacia las víctimas y el pago de una fianza la cual alcanza los $50.000