Los concejales Lisandro Mársico y Carla Boidi (Unidos-PDP) ingresaron un pedido al Departamento Ejecutivo Municipal para implementar acciones institucionales de difusión, orientación e información sobre los alcances del Decreto Nacional N.º 765/2024. La propuesta busca dar claridad ante eventuales reclamos de SADAIC y AADI-CAPIF por el cobro de derechos autorales en eventos de carácter privado y acceso restringido.
A través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), la iniciativa pretende que se brinden precisiones sobre qué debe entenderse por representación o ejecución pública de obras musicales y en qué supuestos corresponde el pago de aranceles. Al respecto, Mársico sostuvo que el Municipio puede acompañar a la comunidad para brindar certeza respecto a los derechos de consumidores y usuarios.
El alcance de las celebraciones privadas
Por su parte, Boidi explicó que el Decreto N.º 765/2024 modificó la reglamentación de la Ley de Propiedad Intelectual, definiendo como pública a la ejecución realizada en espacios de acceso libre y dirigida a una pluralidad de personas. En consecuencia, quedan fuera de ese concepto las reuniones desarrolladas en ámbitos cerrados, tales como cumpleaños, casamientos y fiestas de egresados.
A pesar de la normativa vigente y los precedentes judiciales existentes, Mársico advirtió que continúan registrándose intimaciones y requerimientos de pago por parte de las entidades de gestión colectiva. Esta situación genera confusión entre familias, estudiantes y organizadores de eventos de fin de ciclo lectivo o celebraciones familiares.
Marco legal e información adecuada
Boidi remarcó que esta problemática afecta a quienes organizan eventos privados y muchas veces desconocen los derechos que les asisten. Ante esto, Mársico fundamentó la presentación en el artículo 42 de la Constitución Nacional y el artículo 4.º de la Ley Nacional N.º 24.240, que garantizan la protección de los intereses económicos de los consumidores y el acceso a información clara.
La propuesta presentada en el cuerpo legislativo apunta a que la OMIC guíe formalmente a los vecinos ante requerimientos de pago vinculados con el uso de música en fiestas privadas de acceso restringido.
