Por Julio Armando
La instalación y funcionamiento de radares de velocidad está bajo la lupa luego de que los concejales de La Libertad Avanza, Milagros Zafra y Fabricio Dellasanta, presentaran una minuta de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal información sobre los dispositivos de control electrónico ubicados sobre rutas nacionales y provinciales que atraviesan el distrito de Rafaela.
El pedido apunta a conocer qué radares existen actualmente, dónde están ubicados, qué organismo está a cargo de su funcionamiento, cuáles son los límites de velocidad establecidos en cada sector y desde cuándo se encuentran operativos.
Además, los ediles solicitaron que el Municipio remita la documentación vinculada a la legalidad de esos equipos, incluyendo convenios, autorizaciones, resoluciones administrativas, certificados de homologación, calibración y controles técnicos, como así también los instrumentos firmados con organismos como la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Vialidad Nacional o la Dirección Provincial de Vialidad.
El planteo de los concejales libertarios busca determinar si los radares instalados en rutas nacionales y provinciales cumplen con todos los requisitos establecidos por la normativa vigente y si cuentan con el respaldo administrativo correspondiente.
A partir de ese pedido, RAFAELA NOTICIAS realizó un relevamiento para conocer cuál es la situación concreta de los controles de velocidad en la ciudad. Del análisis realizado surge que actualmente la Municipalidad de Rafaela no posee radares propios ni cinemómetros activos para controlar velocidad dentro de la ciudad o en sus accesos. El único radar fijo identificado dentro de la jurisdicción de Rafaela está ubicado sobre la Ruta Nacional 34, en el kilómetro 216,9, en el acceso sur de la ciudad. El dispositivo pertenece a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y no al Municipio.
Según la documentación relevada por RAFAELA NOTICIAS, el equipo cuenta con el aval de una disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) publicada en el Boletín Oficial el 31 de agosto de 2023, además de la documentación administrativa correspondiente para su funcionamiento. Este punto resulta central dentro del debate, ya que uno de los cuestionamientos planteados por sectores libertarios está relacionado con la necesidad de contar con autorización nacional para los radares ubicados sobre rutas nacionales.
En este caso puntual, el dispositivo ubicado en el acceso sur cuenta con un respaldo emitido por el organismo nacional, por lo que quedaría fuera de la principal discusión planteada sobre la ausencia de aval de la ANSV.
¿Qué pasa con las multas y cuánto puede pagar un conductor?
Además de la discusión sobre la legalidad de los dispositivos, otro punto de interés para los conductores es el valor económico de las sanciones. Las multas se calculan mediante la Unidad Fija (UF), cuyo valor actual es de $1.134,50, equivalente a medio litro de nafta.
En los controles de velocidad, la sanción depende de cuánto haya excedido el vehículo el límite permitido. En el caso del radar ubicado sobre la Ruta Nacional 34, en el ingreso a la zona urbana de Rafaela, la velocidad máxima establecida es de 60 kilómetros por hora.
Según la normativa vigente, superar ese límite hasta 10 km/h implica una multa de 150 UF, equivalente actualmente a unos $170.175. Cuando el exceso se ubica entre más de 10 y hasta 20 km/h, la sanción puede alcanzar las 220 UF, unos $249.590.
En tanto, cuando el conductor supera la velocidad máxima permitida en más de 20 km/h, la multa puede llegar a las 300 UF, lo que representa aproximadamente $340.350.
De esta manera, una infracción detectada por un radar puede representar actualmente una sanción que va desde alrededor de 170 mil pesos hasta más de 340 mil pesos, dependiendo de la gravedad del exceso de velocidad.
Cabe señalar que el sistema contempla una participación del Municipio en la recaudación de las multas, debido a la intervención del Juzgado de Faltas local, que participa en el tratamiento de las actas generadas por estos controles.
Según explicaron desde el ámbito municipal, existe un porcentaje que corresponde a la ciudad en función de la responsabilidad que asume al intervenir en el juzgamiento de las infracciones, aunque no se pudo precisar cuál es ese porcentaje.
De todos modos, el radar ubicado sobre la Ruta Nacional 34 no pertenece al Municipio: su instalación, funcionamiento y control dependen de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).
¿Se controla la velocidad en Rafaela?
Otro dato central que surge del relevamiento realizado por RAFAELA NOTICIAS es que actualmente no existen radares municipales, ni fijos ni móviles, para controlar velocidad dentro de la ciudad ni en los ingresos. Por lo tanto, no se están generando multas por exceso de velocidad a través de equipos propios del Municipio. Sí pueden existir sanciones por conducción peligrosa u otras infracciones de tránsito, pero para constatar un exceso de velocidad es necesaria una medición específica realizada mediante un cinemómetro, un dispositivo que actualmente la Municipalidad no posee.
Durante los últimos años hubo diferentes proyectos para que Rafaela incorporara sus propios sistemas de control de velocidad. Uno de ellos contemplaba la instalación de un radar sobre la Ruta Provincial 70 (avenida Santa Fe), frente al sector conocido como Paseo del Este. Incluso se realizaron algunos trabajos preliminares, pero finalmente el dispositivo nunca llegó a funcionar.
También existió un sistema mediante una camioneta equipada con un cinemómetro a través de un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Ese acuerdo venció alrededor de 2018 y nunca fue renovado. Más adelante se evaluó la posibilidad de alquilar un radar móvil a una empresa especializada, con un costo aproximado de 2,5 millones de pesos mensuales, aunque la alternativa no avanzó debido al valor del servicio. Actualmente, el Municipio no tiene previsto implementar radares fijos ni móviles en el corto plazo.
La mirada de la APSV: controles y reducción de siniestros
Fuentes vinculadas al juzgamiento de faltas de tránsito consultadas por RAFAELA NOTICIAS sostienen que los controles realizados por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) a través de los radares son legales más allá que no hayan sido autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, al considerar que forman parte del ejercicio del poder de policía que conserva la Provincia de Santa Fe y que no fue delegado al Estado nacional.
Esa interpretación se apoya en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes provinciales 13.133 y 13.169, que establecen el marco de aplicación de la normativa de tránsito dentro del territorio santafesino, incluyendo rutas nacionales y provinciales.
En contraposición, quienes cuestionan estos controles plantean que determinados radares instalados sobre rutas nacionales deberían contar con autorizaciones específicas de organismos nacionales para tener validez.
Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial sostienen que los controles de velocidad forman parte de una política orientada a reducir los siniestros viales. Según explican desde el organismo, la intensificación de los operativos sobre rutas provinciales y nacionales dentro de Santa Fe estuvo acompañada por una reducción en la cantidad de fallecidos y personas lesionadas en accidentes de tránsito.
La APSV defiende la continuidad de estos dispositivos y sostiene que el objetivo principal no es la recaudación, sino mejorar la seguridad vial y generar cambios en las conductas de los conductores.
