Desde la Unidad de Desarrollo Regional (Uder) dependiente de la Secretaría de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, con sede en San Francisco, la licenciada Lorena Vanay se refirió a la resolución judicial de trasladar al menor de 14 años, supuesto homicida de Santiago Abraham Dávila (56), al Complejo Esperanza en la ciudad de Córdoba, aún cuando el crimen ocurrió en Frontera, jurisdicción de Santa Fe.

En entrevista con AM 1050, Vanay apuntó a la Subsecretaría de los Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe por “no se responsabilizarse” de la situación de “Pocholito”, quien posee un frondoso prontuario delictivo y ayer regresó al centro socio educativo para adolescentes infractores de la ley penal de donde salió hace dos meses.

A su llegada a Córdoba, el menor detenido fue examinado en los Tribunales por el médico forense y luego ingresado al.

Luego de que “Pocholito” se entregara ayer por la mañana ante la Fiscalía de Rafaela y negara los hechos por los que se lo acusa, tras seis días de una intensa búsqueda policial, “estaba en camino a cruzar el camino interprovincial, fue una situación desesperante, tanto por su integridad como por la de la comunidad. Pues la justicia santafesina resolvió no responsabilizarse del menor”. Vanay calificó esta decisión como una “incoherencia de la justicia”.

“Si bien el menor tiene domicilio en la provincia de Córdoba (Balnearia), la causa debe ser tratada en la jurisdicción en donde ocurrió el hecho, por ello no se entiende la decisión de la justicia de Santa Fe, que permitía al menor regresar a San Francisco para quedar al cuidado de su familia ya que no consideraban de riesgo su situación”, agregó.

“Nosotros aplicamos la Ley 9.944 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, porque consideramos que fuera de su centro de vida no se garantizaban sus derechos, por lo que se daba una grave situación de vulnerabilidad”.

Asimismo, “consideramos que hay elementos de sobra para entender que este menor en conflicto con la ley debe ser sometido a un trabajo integral antes de reinsertarse en la sociedad”, dijo Vanay.

“Nuestro rol es la protección de su integridad, física y psíquica, pero también la protección de la comunidad”, concluyó.

Recordemos que el traslado de “Pocholito” se llevó a cabo en horas de la tarde de ayer hacia el Complejo Esperanza de la capital provincial luego que así lo ordenara el juez de Control de nuestra ciudad, Guillermo Rabino, fundado, entre otras cuestiones, en resguardo de su integridad física.

Del traslado participaron un oficial principal y dos suboficiales de la departamental San Justo en un móvil del Comando de Acción Preventiva (CAP).

El menor – que al momento de balear de muertre a Dávila, el pasado jueves, se habría conducido a bordo de una motocicleta junto a un cómplice que sería una mujer, al mando del vehículo- tendría un frondoso prontuario. Pues entre los delitos figuran abuso de armas, tentativa de robo y su participación en el asalto que sufrió el 2 de abril de 2015 el trabajador de Coca Cola Adrián Cravero, quien recibió un disparo en el abdomen cuando dos sujetos intentaron robarle su motocicleta y la recaudación en barrio La Florida, dejándolo al borde de la muerte.

Además, el pasado lunes disparó seis veces contra un patrullero, aunque de manera desacertada, durante una persecución policial en calle 96 de Frontera cuando se trasladaba en una moto de la que cayó y luego corriendo y se escabulló en barrio San Javier.