El Gobierno de la provincia de Santa Fe logró recaudar apenas el 7,2% de los fondos reclamados a los adultos responsables de alumnos que realizaron falsas amenazas de bomba. Los operativos policiales desplegados durante los meses de abril y mayo demandaron un gasto total estimado en $139.429.864.
De las 53 notificaciones emitidas por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, únicamente se abonaron seis sanciones, alcanzando una recaudación de $9.824.430. La medida administrativa se había implementado para intentar frenar la ola de intimidaciones surgida tras un ataque en una escuela de San Cristóbal el pasado 30 de marzo.
Distribución de las multas por departamentos
El desglose oficial detalla que la Unidad Regional XVII (San Lorenzo) registró 10 notificaciones; la UR II (Rosario) reportó 7; mientras que la UR I (La Capital) y la UR XI (Las Colonias) sumaron 6 cada una. Los avisos restantes se distribuyeron entre Caseros, Constitución, San Martín, Garay, Iriondo, General Obligado y San Javier.
Respecto a los pagos efectivizados, en la jurisdicción de Rosario se registró un único desembolso de $2.838.352 el pasado 26 de mayo, sobre un costo operativo calculado para esa región de $17.137.679. En San Lorenzo se concretaron tres pagos de $805.443 cada uno (dos el 12 de mayo y uno el 5 de mayo).
Por su parte, en el departamento La Capital se constató un solo pago de $1.009.442 el 7 de mayo, mientras que en Iriondo se canceló una multa de $3.560.307. En los casos remanentes donde no se registraron ingresos, el fiscal de Estado, Domingo Rondina, iniciará el correspondiente proceso judicial de cobro.
Impacto de la medida e impugnaciones legales
A pesar del bajo nivel de cobro, las autoridades destacaron que el protocolo administrativo logró desalentar los delitos. Tras el anuncio de las sanciones económicas a los tutores, los reportes diarios disminuyeron drásticamente de 80 amenazas por día a 15, hasta reducirse por completo a cero.
El procedimiento requería la existencia de una causa penal previa con intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La cuantía de la tasa dependía directamente de la envergadura del despliegue logístico, contemplando el movimiento de patrulleros, personal local y la participación de bomberos.
La falta de pago generalizada responde a diversas impugnaciones formales presentadas ante la Justicia por abogados defensores. Los letrados argumentan que las conductas de los menores no encuadran estrictamente en la figura legal de amenazas coercitivas y cuestionan que el Estado aplique multas sin una orden judicial previa.
