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Provinciales

Masacre de fauna en Santa Fe: la indignante maniobra detrás de la matanza de 300 animales silvestres

El Gobierno provincial denunció penalmente la matanza de más de 300 animales silvestres protegidos en el departamento Vera, luego de que se viralizaran fotos de cazadores extranjeros guiados de forma clandestina a principios de mayo.

Las autoridades de la provincia de Santa Fe presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por la matanza masiva de más de 300 animales silvestres, entre ellos patos, yacarés y aves protegidas, en la zona de Intiyaco y Fortín Olmos.

El hecho se descubrió tras la viralización de imágenes en redes sociales donde contingentes de cazadores extranjeros posaban con los ejemplares muertos. Según las investigaciones, los implicados abonaron importantes sumas en dólares para acceder a la zona de la Cuña Boscosa.

Red de irregularidades detectada

El secretario de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Alejandro Luciani, confirmó que la presentación judicial ya se encuentra bajo la órbita de los tribunales santafesinos, sumando intervenciones de la Fiscalía Federal y la Procuraduría provincial. La Guardia Rural Los Pumas lidera las inspecciones en el área de Tostado.

La pesquisa expuso que el organizador del contingente es un operador cinegético de la provincia de Córdoba no inscripto en Santa Fe. Asimismo, el guía carecía de credenciales habilitantes y el campo donde se ejecutó el exterminio no figura en los registros oficiales de zonas de caza permitidas.

La normativa gubernamental vigente restringe los cupos a un máximo de 12 patos por persona por día, cifra ampliamente superada en este episodio.

Repudio del sector turístico cinegético

Por su parte, el abogado Marcos Oalechea, apoderado de la Cámara de Turismo Cinegético de Santa Fe, expresó el malestar del sector y advirtió que el hecho perjudica a las nueve empresas habilitadas que trabajan bajo regulaciones controladas.

Oalechea remarcó el impacto económico que genera la actividad legal en los alojamientos, gastronomía y servicios rurales del interior provincial, por lo que exigió profundizar los mecanismos de control estatal para detectar a los operadores clandestinos.

 

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