Desde diciembre de 2024, las instituciones que prestan servicios de atención a personas con discapacidad enfrentan una situación crítica debido a la falta de actualización de aranceles. Mientras los costos aumentan mes a mes, los pagos por los servicios brindados siguen congelados, lo que pone en riesgo la continuidad de muchas organizaciones.
Según Francisco Zanotti, vicepresidente de la Unión de Entidades de y por Personas con Discapacidad, el retraso histórico en la actualización de aranceles por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad alcanza entre un 60% y un 70%. A esto se suma el hecho de que los pagos por los servicios prestados se realizan con un atraso de 60 a 90 días, lo que genera un desfasaje financiero insostenible para las instituciones. "Las organizaciones ya consumieron el poco ahorro que tenían y no hay margen para aguantar", advirtió en diálogo con Mitre Santa Fe.
Para afrontar esta crisis, muchas instituciones han recurrido a pagar sueldos en cuotas, refinanciar aportes y contribuciones, y postergar el pago de servicios esenciales. Sin embargo, esta situación ha obligado a algunas a restringir la oferta de atención y a reducir actividades terapéuticas. "Lo peor de todo es que el afectado final es la persona con discapacidad, que tiene derecho a su terapia y a su espacio de socialización", señaló el entrevistado.
En cuanto a la situación a nivel provincial, Zanotti destacó que la obra social de Santa Fe paga entre un 20% y un 30% menos que Nación por las mismas prestaciones. Si bien recientemente el gobernador firmó un decreto para compensar esta diferencia entre noviembre y marzo, no hay certeza sobre su continuidad en los próximos meses. "Estamos transitando una incertidumbre total", concluyó.
