Rafaela Noticias en Tribunales. La Municipalidad de Rafaela busca recuperar una vivienda de su propiedad ubicada en el este de la ciudad, que actualmente se encuentra ocupada por una familia integrada por seis personas, entre ellas menores de edad.
El planteo fue llevado a la Justicia mediante una presentación para obtener la restitución del inmueble, que tenía un destino específico antes de ser usurpado. En ese marco, se realizó una audiencia ante el juez Javier Botero, en la que participaron la fiscal Lorena Korakis, los abogados de la Municipalidad Amalia Galanti y Federico Lara, y Juan Carlos Gómez, en representación de la Secretaría de Desarrollo Humano.
El encuentro permitió avanzar en un acuerdo para que la familia abandone el lugar de manera pacífica, aunque también dejó expuestas las dificultades económicas que atraviesa para conseguir una nueva vivienda.
La familia aceptó desocupar el inmueble, pero solicitó que se contemple su situación económica y la necesidad de contar con un lugar donde vivir antes de concretar la mudanza.
Un acuerdo con plazo hasta enero de 2027
Durante la audiencia, la representación de la Municipalidad explicó que, tras mantener conversaciones previas con la familia, se había alcanzado un acuerdo para que la desocupación se concrete como máximo el 15 de enero de 2027.
Según se expuso, inicialmente se había planteado un plazo menor, pero el Municipio aceptó extenderlo a pedido de la mujer que ocupa la vivienda, teniendo en cuenta la presencia de menores de edad y la necesidad de que puedan finalizar el ciclo escolar.
El acuerdo contempla que la familia deberá informar a la Municipalidad, con una anticipación no menor a tres días, cuándo procederá a abandonar el inmueble. La notificación permitirá que el Municipio adopte las medidas de seguridad necesarias para evitar que, una vez desocupada, la vivienda vuelva a ser ocupada por otras personas.
Además, los ocupantes se comprometieron a no realizar modificaciones ni alteraciones en la estructura actual de la propiedad y a no permitir el ingreso de nuevas personas para ocuparla.
El juez remarcó que el acuerdo se sustenta en el compromiso de ambas partes y que la intención es evitar que se repita una situación de ocupación irregular una vez que la familia se retire.
La familia pidió ayuda para ingresar a un nuevo alquiler
Uno de los momentos centrales de la audiencia se produjo cuando la mujer explicó las dificultades que enfrenta para conseguir otra vivienda.
Manifestó que su familia está integrada por seis personas y que, si bien tiene voluntad de retirarse, no cuenta con el dinero necesario para afrontar los gastos iniciales de un alquiler, como garantías y otros requisitos que suelen exigir las inmobiliarias.
La mujer explicó que habían encontrado algunas alternativas, aunque una de ellas no reunía las condiciones necesarias para alojar a todos los integrantes de la familia. También señaló que otra vivienda debía ser visitada para determinar si se encontraba en condiciones de ser habitada.
En ese contexto, planteó la posibilidad de que el Municipio pudiera colaborar con una suma de dinero para ingresar a un alquiler.
“Nosotros queremos irnos, pero que nos ayuden a salir del lugar”, expresó durante la audiencia.
La ocupante sostuvo que su intención es cumplir con el plazo acordado y retirarse pacíficamente, pero advirtió que la falta de recursos podría dificultar la búsqueda de una solución habitacional.
También manifestó su preocupación por las mejoras que, según afirmó, realizaron en la vivienda durante el tiempo que permanecieron allí. Aseguró que invirtieron dinero en instalaciones y arreglos y que no quieren que, una vez que se retiren, otra persona ingrese y se beneficie de esos trabajos.
Qué asistencia ofreció la Municipalidad
Ante el planteo de la familia, los representantes municipales explicaron que existen distintas alternativas de asistencia social, aunque aclararon que algunas dependen de programas provinciales.
En ese sentido, indicaron que la Municipalidad puede asesorar y gestionar un subsidio económico ante la Provincia. Para ello, se solicita documentación personal, datos bancarios y se elabora un informe socioambiental que fundamenta la situación económica de la familia.
Sin embargo, aclararon que la aprobación y el pago del beneficio dependen del organismo provincial.
Desde el Municipio señalaron que durante el año se realizaron gestiones de este tipo que permitieron que distintas familias recibieran asistencia, aunque reconocieron que los resultados son variables y que pueden existir demoras.
Por ese motivo, remarcaron que no pueden garantizar que el subsidio sea aprobado ni que se entregue de manera periódica durante todos los meses que dure la gestión.
También explicaron que la Municipalidad no cuenta con un mecanismo autorizado para actuar como garante de un alquiler privado ni para comprometer directamente el pago de los gastos iniciales de una nueva vivienda.
Como parte de la asistencia que sí puede ofrecer, el Municipio se comprometió a colaborar con bolsones alimentarios y viandas, además de realizar gestiones para que la familia pueda acceder a los programas provinciales disponibles.
Asimismo, manifestó su disposición a colaborar con el traslado de muebles y pertenencias dentro de Rafaela, una vez que se concrete la mudanza.
El juez advirtió sobre la situación judicial de los ocupantes
Durante la audiencia, el magistrado explicó a los integrantes de la familia que, por las características del caso, existe la posibilidad de que la situación sea investigada como un delito.
Aclaró que no estaba afirmando que hubieran cometido un ilícito, sino que les explicaba las consecuencias jurídicas que podrían derivarse de ingresar o permanecer en una vivienda ajena sin autorización o sin un contrato que respalde la ocupación.
En ese contexto, les hizo saber que podían estar expuestos tanto a una eventual investigación penal como a una orden de desalojo.
También les aclaró que no estaban obligados a prestar declaración y que el hecho de no hacerlo no podía generarles un perjuicio.
La Fiscalía, por su parte, acompañó el pedido de la Municipalidad. Durante su intervención, señaló que existían antecedentes vinculados con la ocupación del inmueble y que la presentación municipal estaba respaldada por documentación sobre la titularidad de la propiedad y su destino específico.
La defensa aclaró que sus representados no habían sido imputados por un delito en esta causa y que solamente habían sido notificados. También planteó la necesidad de que el acuerdo contemple la situación económica de la familia, especialmente ante la posibilidad de que la asistencia provincial no llegue antes de la fecha fijada para la desocupación.
Las mejoras realizadas en la vivienda, otro punto de discusión
Otro de los aspectos abordados durante la audiencia fue el estado actual del inmueble y las mejoras que los ocupantes aseguran haber realizado.
La mujer manifestó que, cuando ingresaron, la vivienda presentaba importantes faltantes y que debieron afrontar gastos para acondicionarla. Entre otras cuestiones, mencionó la instalación de sanitarios, arreglos en las paredes y trabajos para cerrar y mejorar distintos sectores.
Aseguró que cuentan con fotografías y comprobantes de los gastos realizados y planteó que no pretenden destruir ni dañar la propiedad al momento de retirarse.
Desde la Municipalidad, en cambio, remarcaron que se trata de un inmueble de titularidad municipal y que no pueden permitir que se retiren elementos que forman parte de la vivienda.
Ante esa diferencia, el juez propuso que personal municipal realice una constatación del estado del inmueble, con el consentimiento de los ocupantes, para determinar qué elementos se encuentran actualmente en la propiedad y cuáles son las condiciones de sus instalaciones.
La medida permitiría dejar constancia de la situación actual de la vivienda y evitar futuros conflictos al momento de concretar la desocupación.
El Municipio manifestó su disposición a realizar esa constatación, mientras que la familia insistió en que las mejoras efectuadas fueron afrontadas con recursos propios y que su intención es retirarse sin generar daños.
El compromiso de ambas partes
Al finalizar el intercambio, el juez volvió a remarcar que el acuerdo implica compromisos tanto para la Municipalidad como para la familia.
Por un lado, el Municipio deberá avanzar con las gestiones de asistencia social, colaborar con la ayuda alimentaria y el traslado de pertenencias dentro de sus posibilidades, además de coordinar las medidas necesarias para recuperar el inmueble.
Por otro, la familia deberá desocupar la vivienda como máximo el 15 de enero de 2027, comunicar con al menos tres días de anticipación la fecha en que se retirará, no realizar modificaciones en la estructura y evitar que ingresen nuevas personas a ocuparla.
El magistrado también planteó la posibilidad de que personal municipal realice controles periódicos para verificar el cumplimiento de las condiciones acordadas.
De esta manera, las partes avanzaron en una salida consensuada al conflicto. La familia aceptó retirarse, aunque dejó planteada la necesidad de contar con asistencia para afrontar los gastos de una nueva vivienda, mientras que el Municipio ratificó su intención de recuperar la propiedad y evitar que vuelva a ser ocupada.
