El Gobierno de Santa Fe valoró destacó la decisión del Ministerio Público de la Acusación, que alcanza a las cinco regionales de la provincia. La medida recoge un planteo trabajado en las Mesas de Seguridad Rural, que reúnen a los ministerios de Desarrollo Productivo, de Justicia y Seguridad y de Salud de la Provincia con los productores agropecuarios.
El Ejecutivo provincial destacó la designación de siete fiscales referentes para el abordaje de los delitos rurales en las cinco regionales de la provincia, dispuesta por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). La decisión quedó formalizada días atrás. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia destacaron que la medida es una herramienta más para dar respuesta ante los delitos del ámbito rural que generan perjuicio a todo el sector agropecuario. En tanto desde Justicia y Seguridad afirmaron que este trabajo conjunto con los distintos sectores permite reforzar el uso de otras herramientas como el 911, las denuncias online y permite mejorar la planificación operativa y robustecer la investigación criminal de un delito que está entre las prioridades de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
La medida se trabajó en las Mesas de Seguridad Rural que impulsan el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, en el marco de la política de seguridad que lleva adelante el gobernador Maximiliano Pullaro. Desde su conformación, estos espacios reúnen a productores, entidades agropecuarias, fuerzas de seguridad, fiscales y gobiernos locales para identificar problemas y coordinar respuestas frente al delito rural.
Desde el 2024, cuando se retomaron las mesas de seguridad rural, se articuló entendiendo que era necesario trabajar en conjunto con los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, con los presidentes comunales e intendentes y los productores para reforzar la confianza en el sistema 911, realizar las denuncias, y así poder mejorar la investigación del delito rural, pero además se plantearon acciones para reforzar y ayudar con los controles sanitarios sobre todo en los puntos de venta de alimentos.
Un reclamo de los productores
La designación da respuesta a una de las demandas planteadas en los encuentros de seguridad rural, donde las entidades agropecuarias señalaron la necesidad de mejorar los canales de denuncia, la coordinación de las investigaciones y la respuesta frente a los hechos que afectan a los establecimientos productivos.
En los fundamentos de la resolución, el MPA recuerda que los delitos rurales forman parte de sus objetivos de persecución penal priorizados y deja constancia de la participación activa de la Fiscalía General en la Mesa Provincial de Seguridad Rural, así como de los fiscales regionales en las mesas zonales.
Siete fiscales en toda la provincia
La resolución designa a Alejandro Benítez para la Fiscalía Regional Nº 1; a Marianela Luna para la Regional Nº 2; a Mauro Menéndez para la Regional Nº 3; y a Juan Sebastián Marichal para la Regional Nº 4. Para la Fiscalía Regional Nº 5 fueron designados Adrián Soria, con sede en Rafaela; Mauricio Spinosa, en San Cristóbal; y Ricardo Milton Kettler, en Tostado.
Los fiscales asumirán funciones como referentes en esta materia dentro de sus respectivas jurisdicciones, sin que ello implique la creación de nuevas fiscalías.
Una agenda que continúa en el territorio
Las Mesas de Seguridad Rural reúnen a los ministerios de Desarrollo Productivo, de Justicia y Seguridad, de Salud, el MPA, la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, gobiernos locales y organizaciones del sector agropecuario, entre ellas Carsfe, Coninagro, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina.
En cada encuentro se abordan situaciones concretas de cada región: los mecanismos de denuncia, la prevención del abigeato (robo de ganado), las necesidades de equipamiento y conectividad, los controles y la presencia policial en las zonas productivas.
En esa línea, la designación de fiscales referentes suma una herramienta institucional a una agenda que combina prevención, investigación penal y trabajo territorial, con el objetivo de mejorar las respuestas a quienes viven y producen en el campo santafesino.