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Internacionales

El Gobierno repudió la visita de la princesa Ana a las Islas Malvinas

La Cancillería calificó el viaje como una provocación en medio del litigio internacional por la explotación petrolera y volvió a exigir al Reino Unido que retome el diálogo por la soberanía.

El Gobierno nacional rechazó de manera categórica la presencia oficial de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, en las Islas Malvinas y Georgias del Sur. A través de un comunicado difundido por la Cancillería que conduce Pablo Quirno, el Ejecutivo sostuvo que las actividades de la integrante de la Casa Real británica se desarrollan en el marco de una "ocupación ilegal" y denunció que el viaje "constituye una provocación".

El pronunciamiento oficial vinculó directamente la gira real con el avance unilateral de Londres en la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur mediante el otorgamiento de licencias que Buenos Aires considera ilegítimas. En el texto, la diplomacia argentina reiteró el reclamo para que el Reino Unido cumpla con la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, retome las negociaciones bilaterales de soberanía y ponga fin a lo que definió como una "anacrónica situación colonial".

La princesa Ana arribó al archipiélago el lunes 9 de noviembre junto a su esposo, el vicealmirante Sir Tim Laurence, en una estadía oficial que se extenderá hasta el viernes 20. Durante su paso por las islas —donde ya había estado en 2022—, rindió homenaje a las tropas británicas, recorrió monumentos de guerra e inauguró obras locales, antes de continuar su itinerario hacia las Georgias del Sur en calidad de patrona de una organización dedicada a la conservación patrimonial y ambiental.

El desembarco real coincidió con una etapa clave en la disputa judicial por los recursos marítimos de la zona. Un día después de la llegada de la princesa, la Argentina y el Reino Unido participaron en Hamburgo de las audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM). En esa instancia, la delegación argentina solicitó medidas provisionales de urgencia para frenar las perforaciones del proyecto petrolero Sea Lion, advirtiendo sobre el riesgo ambiental de un eventual derrame y el perjuicio irreversible sobre la plataforma continental en disputa, cuyo fallo se espera para el próximo 28 de noviembre.

 

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