RAFAELA NOTICIAS estuvo en Tribunales, donde continúa el juicio oral por la causa Spaggiari, uno de los procesos judiciales de mayor magnitud de los últimos años en Rafaela. En cada jornada, los testimonios de quienes entregaron sus ahorros al grupo permiten reconstruir cómo funcionaba la propuesta de inversión, qué vínculos de confianza facilitaron el ingreso de nuevos clientes y qué ocurrió cuando comenzaron a interrumpirse los pagos.
El debate comenzó el 8 de octubre y tiene como acusados a Fernando Luis y Matías Germán Spaggiari, Mirta Ofelia Condotto y Carolina Rocío Schaberger. La Fiscalía, encabezada por Guillermo Nicolás Loyola, sostiene que existió una asociación ilícita dedicada a captar dinero de particulares mediante convenios de inversión que ofrecían rentabilidades y que derivaron en numerosas estafas. El tribunal está integrado por los jueces Laura Lencina, Nicolás Stegmayer y Juan Gabriel Peralta.
En una nueva ronda de declaraciones, tres inversores expusieron historias personales diferentes, pero con un desenlace similar: confiaron dinero que tenía un destino concreto, recibieron rendimientos durante un período o esperaron que se cumplieran las promesas de devolución y finalmente quedaron sin recuperar sus fondos.
Vendió un terreno durante su divorcio y terminó sin sus ahorros
Una de las testigos fue una mujer que actualmente trabaja como peluquera canina. Contó que en 2020, mientras atravesaba un proceso de divorcio, decidió vender un terreno. Su intención inicial era utilizar ese dinero para comprar muebles y cubrir necesidades básicas para ella y su hija, entre ellas una heladera y una cocina.
Sin embargo, a través de un conocido que tenía relación con Germán Garetto, llegó a conocer la propuesta del Grupo Spaggiari. En aquel momento trabajaba en relación de dependencia y buscaba generar ingresos que le permitieran afrontar los gastos del divorcio y, más adelante, volver a comprar una vivienda.
En junio de 2020 firmó su primer convenio en la inmobiliaria de bulevar Roca. Recordó que entregó entre 200.000 y 300.000 pesos y que el dinero fue recibido por Mirta, madre de los Spaggiari, quien lo contó y verificó el monto.
La primera experiencia fue positiva, según aseguró: durante el primer año recibió los intereses pactados en tiempo y forma. Por ese motivo decidió renovar la inversión y aumentar el capital. En esa segunda etapa firmó dos convenios, uno por un millón de pesos y otro por aproximadamente 600.000 o 650.000 pesos.
La testigo identificó a Miriam Bravo como la persona que habitualmente la atendía por WhatsApp, coordinaba los turnos y le comunicaba las liquidaciones de intereses.
Los inconvenientes comenzaron en octubre (del 2022). Primero les explicaban que había dificultades relacionadas con cuestiones aduaneras y la mudanza de las oficinas. Después dejaron de responder los mensajes y les facilitaron una aplicación que tampoco les daba soluciones. Cuando comenzó a presentarse personalmente en la inmobiliaria, encontró a numerosos inversores que atravesaban la misma situación.
La mujer contó que mantuvo comunicaciones con Garetto, quien le aseguraba que los problemas eran consecuencia de la mudanza y que lograrían normalizar los pagos. También participó de una reunión con integrantes del grupo, acompañada por su abogado. Allí les reconocieron que atravesaban dificultades económicas, pero les pidieron paciencia y prometieron cumplir con las obligaciones.
Posteriormente les propusieron firmar nuevos convenios con intervención de abogados. En su caso, la deuda fue convertida a dólares y recordó que el documento quedó establecido por una suma cercana a los 4.300 dólares.
Su abogado, según relató, le había recomendado no esperar recuperar ese dinero. La testigo describió el impacto emocional que le produjo la situación y remarcó que, aunque no consideraba que su inversión fuera exorbitante, representaba un capital muy importante para sus proyectos personales y familiares.
El dinero de un seguro que iba a destinar a comprar otro vehículo
Otro de los testimonios correspondió a un hombre que trabaja en una empresa agropecuaria familiar. Explicó que llegó a la firma a través de su hermano, quien tenía un contacto con Carlos Ciancia. A partir de esa relación conoció el funcionamiento de las inversiones y los intereses que ofrecían.
Durante la declaración se reconstruyeron distintas operaciones realizadas entre 2020 y 2022. Entre ellas, una primera entrega de 30.000 pesos, el 31 de agosto de 2020, y otra por 370.000 pesos, el 23 de junio de 2021, que posteriormente fue renovada en junio de 2022. También se mencionó una operación posterior por aproximadamente 230.000 pesos.
El hombre contó que concurría personalmente a las oficinas para entregar el dinero y que durante un período recibió los intereses mensuales con regularidad. Según explicó, le habían manifestado que los fondos se destinaban a inversiones inmobiliarias, terrenos y otras actividades.
Cuando los pagos comenzaron a interrumpirse, insistió para recuperar el capital y los rendimientos. Posteriormente fue convocado a una reunión en otra oficina, donde dos hombres que se presentaron como hermanos le explicaron que el sistema había colapsado por la cantidad de ingresos y que la rueda de inversiones se había saturado.
En ese encuentro le prometieron reconocer la deuda y devolver el dinero más adelante. También hubo contactos posteriores con abogados y se firmó un reconocimiento de deuda, pero el pago nunca se concretó. Finalmente, realizó la denuncia.
Uno de los aspectos más significativos de su declaración estuvo relacionado con el origen de los fondos. La primera inversión había sido realizada con dinero que cobró de un seguro después de sufrir un accidente con su automóvil. Su intención era utilizarlo para adquirir otro vehículo, pero decidió colocarlo en la firma.
La pérdida tuvo consecuencias concretas en su vida cotidiana. Al vivir en una zona rural, quedarse sin ese dinero significó resignar una posibilidad importante de movilidad y modificar sus actividades habituales.
Los ahorros de su madre y una deuda que tampoco pudo recuperar
El tercer testimonio fue el de un comerciante de Rafaela que contó que su vínculo con el sistema de inversiones había comenzado mucho antes, alrededor de 2015.
Según explicó, llegó a la propuesta a través de Carlos Ciancia, a quien conocía desde hacía años porque había sido proveedor de sus negocios gastronómicos cuando trabajaba en una empresa. Inicialmente le hablaron de inversiones vinculadas con departamentos y luego le ofrecieron una modalidad similar a un plazo fijo, mediante convenios que se renovaban cada 12 meses.
Recordó que comenzó colocando alrededor de 100.000 pesos, aunque no pudo precisar el monto exacto. Con el paso del tiempo reinvirtió intereses y sumó nuevos aportes provenientes de su actividad comercial y de su entorno familiar.
Durante varios años recibió los pagos mensuales. Sin embargo, las dificultades comenzaron durante la pandemia, cuando la empresa implementó un sistema de turnos digitales. Primero les atribuyeron las demoras a esa modalidad, pero los retrasos se fueron acumulando hasta que los pagos se interrumpieron. En una oportunidad, incluso, recibió una entrega parcial que estimó en menos del 30% de lo que le adeudaban.
El comerciante también recordó el traslado de las oficinas a calle Ayacucho y las reuniones posteriores en las que les explicaban que existían problemas de liquidez, aunque aseguraban que los fondos estaban respaldados por propiedades y terrenos.
Ante la falta de respuestas, llegó a proponer una alternativa para recuperar el capital: congelar los intereses, convertir la deuda a dólares y aceptar eventualmente una propiedad como forma de pago. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron y el acuerdo nunca se concretó.
La parte más sensible de su declaración estuvo vinculada con el dinero de su madre. Explicó que una porción de los fondos invertidos pertenecía a ella y provenía de una indemnización que había cobrado por un problema de salud. Él administraba esos ahorros para contribuir a sus gastos y garantizarle un buen pasar.
Con el tiempo, su madre comenzó a necesitar mayores cuidados, tratamientos y asistencia en un centro de día, en un contexto en el que atravesaba un cuadro compatible con Alzheimer. Cuando los pagos dejaron de llegar, la familia tuvo que afrontar esos gastos sin contar con el dinero que esperaba recuperar.
El testigo reconoció que la situación le provocó angustia, no solamente por la pérdida económica, sino también por las consecuencias que tuvo para su familia. Finalmente, confirmó que realizó la denuncia por iniciativa propia a través de la página web de la provincia.
